La Rovira i Virgili analizará el impacto del cierre de la nuclear de Vandellòs
La Universidad Rovira i Virgili (URV) será el primer inquilino del Centro Tecnológico Mestral, situado en las instalaciones de la central nuclear desmantelada Vandellòs I, y estudiará el impacto ambiental del proceso de clausura del reactor con el objetivo de mejorar futuros desmantelamientos de instalacionea atómicas.
Éste será el primero de tres proyectos de investigación que ayer acordaron realizar la URV y la Empresa Nacional de Residuos (Enresa), encargada del desmantelamiento de Vandellòs I desde 1998. De esta forma, Vandellòs y la URV se convertirán en referencia obligada para la decena de centrales nucleares europeas que tienen programada su clausura, entre ellas de la Zorita (Guadalajara), que es la más antigua de España (empezó su actividad en 1968) y que Enresa prevé comenzar a desmantelar en 2006.
El estudio científico del impacto de los desmantelamientos, tanto desde el punto de vista ambiental como desde el económico o de formación de profesionales, permitirá "optimizar" estos procesos, según José Ramón Armada, máximo responsable de Enresa en el desmantelamiento de Vandellòs I.
De momento, 15 científicos de la URV trabajan ya en el Centro Tecnológico Mestral, y aunque el convenio entre Enresa y la universidad se cerró ayer, los equipos ya han obtenido unos primeros resultados "muy satisfactorios" que "abren nuevas posibilidades de colaboración", según señaló Armada.
Reunión de científicos
La experiencia recogida en Vandellòs I la aprovecharán otros colectivos científicos europeos en un seminario que se celebrará próximamente en las instalaciones de la vieja central accidentada en 1989 y al que ya han confirmado su asistencia una veintena de profesionales del sector nuclear de países recién incorporados a la Unión Europea.
El volumen de material que se ha movido durante la clausura de la central de Vandellòs I y su gestión ha sido uno de los motivos que han llevado a Enresa a programar estos estudios. Así, en Vandellòs I se generaron 19.000 toneladas de residuos, 1.200 de las cuales se consideran radiactivas. En los trabajos participaron 63 empresas y 2.700 empleados, y el presupuesto global del desmantelamiento ascendió a un total de 94.605.000 euros.
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