El Gobierno impone un laudo para resolver la huelga del Consorcio

Tras casi tres meses de huelga, el Gobierno ha decidido intervenir en el conflicto de los trabajadores de las empresas subcontratadas del Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia. La vicelehendakari Idoia Zenarruzabeitia anunció ayer la imposición de un arbitraje obligatorio y la próxima semana (el plazo es de siete días) se dictará una resolución vinculante para las dos partes. El laudo fue calificado de "injerencia" y "atrocidad" por los sindicatos, mientras que el consorcio eludió realizar comentarios, aunque era la medida que defendía desde el inicio del conflicto, en enero.

La vicelehendakari justificó el arbitraje, que ha recaído en Antton Mujika, letrado asesor de la asociación guipuzcoana de empresas de automoción, por la larga duración de la huelga -sólo se desconvocó temporalmente diez días en mayo por una sentencia-, "la imposibilidad de desbloquearla" pese a los intentos de mediación de la consejería de Empleo y "los perjuicios económicos y de salud pública para Vizcaya".

Ambas partes mantuvieron la última reunión el jueves pasado, también por mediación de Empleo, pero sin ningún acuerdo. Los 280 empleados subcontratados, casi tantos como la plantilla y que en muchos casos desarrollan tareas similares, piden una equiparación salarial que supondría alzas del 50%. La huelga ha colocado en una situación límite a las depuradoras, en riesgo de realizar vertidos ilegales.