Los papeles del CNI

La comisión de investigación sobre el 11-M constituida en el Congreso el pasado jueves designó presidente a un diputado de Coalición Canaria y aplazó su entrada a pleno funcionamiento hasta después de las elecciones europeas del 13-J. La lista de los posibles comparecientes (¿serán citados Zapatero y Aznar?) y la eventual desclasificación de todos los informes reservados enviados al Gobierno por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre la amenaza del terrorismo islamista y la preparación, desarrollo e implicaciones del atentado constituyen los principales interrogantes en torno a sus futuras actuaciones.

Aznar sorprendió a propios y extraños el 19 de marzo de 2004 con la noticia del levantamiento del secreto de dos notas informativas sobre la matanza de Atocha elaboradas por los servicios españoles de inteligencia: el 11 de marzo, el CNI consideraba "casi seguro que la organización terrorista ETA es la autora de estos atentados"; al día siguiente, restaba credibilidad al comunicado de reivindicación publicado por un diario árabe editado en Londres. A este respecto, no deja de ser llamativo que el anterior presidente del Gobierno se resistiese a comienzos de su mandato a desclasificar los llamados papeles de Perote, utilizados por Mario Conde para chantajear al Ejecutivo socialista mediante su concertada publicación en El Mundo; la negativa inicial de agosto de 1996 -rectificada meses después con ayuda de una sentencia del Supremo- le costaría a Aznar la temporal retirada del afecto del director de ese periódico, Pedro J. Ramírez, que cuenta cómo le hizo llegar al entonces presidente su decepción por persona interpuesta ("Lo que pasa es que ya no creemos en ti, amor") en una cena de matrimonios (El desquite, 2004, pag 65).

Sin necesidad de coartada judicial, Aznar levantó el 19 de marzo de 2004 el secreto de dos documentos del servicio de inteligencia, no como "simple gesto de exculpación", sino para tranquilizar a los ciudadanos de buena fe que se sintieran preocupados "ante la posibilidad de que el Gobierno, y yo mismo, mantuviéramos apartada del conocimiento del público algún tipo de información" sobre los orígenes y la autoría del atentado (Ocho años de gobierno, Planeta, 2004). Según el presidente del PP, el motivo fue demostrar que el Gobierno dijo la verdad entre el 11 y el 14 de marzo; sin embargo, esa inesperada y temprana desclasificación también pudo buscar otro objetivo: el propósito -típico de la mentalidad ventajista de Aznar- de eximir al Ejecutivo de cualquier responsabilidad por la errónea atribución a ETA de la autoría del atentado, descargando las culpas sobre los servicios de inteligencia.

Desde esa perspectiva, sólo la desclasificación completa de los documentos del CNI sobre el 11-M podría confirmar esa tradicional traslación de las responsabilidades de las desgracias al mensajero del cuento chino. Y ni siquiera en ese caso quedarían borrados los abrumadores indicios de la estrategia de manipulación y desinformación puesta en marcha por Aznar desde el mediodía del 11-M para dar como segura la autoría de ETA y calificar de miserables a quienes -sin excluir tal conjetura- no descartaban la hipótesis del terrorismo islamista. En su libro antes citado, Aznar regresa al escenario del crimen para denunciar al actual portavoz del PSOE en el Congreso, Alfredo Pérez Rucalcaba, por haber dicho "en los medios de comunicación, la noche del 13 al 14 de marzo, que el Gobierno estaba mintiendo"; a su juicio, los socialistas "violaron a sabiendas" la Ley Electoral durante la jornada de reflexión y ahora "tienen el deber de demostrar que esas acusaciones no entrañaban una interpretación conscientemente sesgada de una realidad que conocían a la perfección".

Ese provocador emplazamiento haría necesaria la desclasificación de todos los documentos del Centro Nacional de Inteligencia para comprobar si los supuestos fallos de los servicios de inteligencia tuvieron la exclusiva responsabilidad de la errónea atribución del atentado a ETA pese a que las pruebas sobre la pista islamista habían quedado abrumadoramente confirmadas durante aquel trágico fin de semana. A la vista de la desclasificación realizada por Aznar el 19 de marzo, sería incongruente que el Grupo Parlamentario Popular no exigiera de inmediato el levantamiento del secreto sobre el resto de la documentación del CNI disponible.