El Parlamento estudiará la introducción de las lenguas cooficiales en la justicia

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer, con los votos a favor de todos los grupos parlamentarios excepto el PP, estudiar y debatir una proposición de Ley del Parlamento de Cataluña que pretende garantizar el uso de las lenguas propias de las comunidades autónomas en la Administración de justicia.

La propuesta, que fue defendida en la Cámara baja por los parlamentarios autonómicos Maria Eugènia Cuenca (CiU), Lídia Santos (PSC-CpC) y Joan Ridao (ERC), pide la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para "hacer efectivos los derechos lingüísticos de los ciudadanos". Este cambio implicaría la celebración de los juicios en la lengua que acuerden las partes y que, en caso de desacuerdo, se haría en la lengua propia de la comunidad. También se propone la supresión del carácter nacional de los cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de justicia. Aquéllos que accedan a una plaza en una comunidad con lengua propia tendrían que acreditar el conocimiento del idioma y del Derecho propio autonómico, lo que supondría dar una nueva redacción a aquellos puntos que hacen referencia al conocimiento y uso de las lenguas oficiales por parte de jueces, magistrados, secretarios judiciales y del conjunto del personal contratado.

La diputada por Barcelona Dolors Nadal defendió la postura en contra del PP y rechazó de plano una reforma que calificó de "parcial, imprudente e improvisada". Nadal acusó al PSOE de llevar a cabo una política de engaños por "hablar de su voluntad de dialogar" y después respaldar una propuesta que "responde a parches y a los pactos que mantiene en determinados Gobiernos autonómicos". Los populares reclamaron un acuerdo previo en lo referente a la disolución de los cuerpos nacionales de funcionarios.

El diputado socialista Jordi Pedret manifestó la "conducta habitual" de su grupo para respaldar las iniciativas procedentes de comunidades, con independencia de su contenido, por su reflejo de la "España autonómica y políticamente plural", y respondió a la diputada popular que la propia toma en consideración supone un "debate serio" sobre la aportación de la voluntad legislativa del país a las decisiones de un Parlamento autonómico, que "no pueden confundirse con propuestas de partido o de Gobierno".

Aunque dejó claro que la propuesta coincide con la voluntad del PSOE y del Gobierno de abordar "con coraje" la regulación de los derechos lingüísticos, anunció la presentación de enmiendas en cuanto a la disgregación del cuerpo nacional de funcionarios. Pedret advirtió a los nacionalistas de que su partido no cambiará el criterio de la ley en este punto.

El resto de los portavoces parlamentarios apoyó la iniciativa del Parlamento catalán, ya que esperan que todas las partes afectadas en un juicio puedan utilizar la lengua que elijan para garantizar el derecho lingüístico de los ciudadanos que utilizan la Administración de justicia.