Aprobada la nueva ordenanza contra el ruido, que pone fin a la 'impunidad' de ciertas zonas

El pleno del Ayuntamiento aprobó ayer por unanimidad la nueva ordenanza contra el ruido, que entrará en vigor "en un máximo de 20 días", según un portavoz de la Concejalía de Medio Ambiente. Durante su tramitación, el PP ha aceptado varias enmiendas de la oposición, entre ellas una del PSOE que acaba con la "impunidad" de las zonas o actividades más ruidosas de la ciudad. Hasta ahora, y según el delegado de Medio Ambiente, Ignacio López-Galiacho, las áreas o actividades catalogadas como "más ruidosas" -aeropuerto, infraestructuras ferroviarias, carreteras o conciertos al aire libre- no estaban afectadas por la ordenanza municipal. A partir de ahora no podrán superar un máximo de "nivel sonoro ambiental medio" (no directamente en el foco de ruido) de 80 decibelios durante el día y 75 de noche.

López-Galiacho aseguró que esa nueva ordenanza faculta al Ayuntamiento a "abrir expediente sancionador" a aquellas administraciones que no se sometan al "estricto cumplimiento de la normativa acústica en todas las actuaciones que realicen dentro de su ciudad". Técnicos de la concejalía aclararon después que, en casos como el de Barajas o las vías de Renfe, el gobierno municipal no es competente para sancionar, y que sólo podría instar al Ministerio de Fomento a que tomara medidas para hacer cumplir la ordenanza.

En Barajas ya existía una limitación: desde 2001, el Ministerio de Fomento está obligado a insonorizar todas las viviendas incluidas en la zona en la que se superen los 65 decibelios (55 en horario nocturno). Pero el Ayuntamiento, hasta ayer, no podía actuar para combatir el ruido ni en esa zona ni en el resto de las instalaciones. Ahora, al menos, podrá "abrir expediente" cuando el ruido de los aviones sea demasiado ensordecedor.

Lo mismo sucederá con las zonas anexas a las vías del tren, las carreteras de gran capacidad como la M-40 o actividades como los conciertos al aire libre. "A la hora de autorizar la actividad, se pondrán unos condicionantes acústicos que hasta ahora no existían. Y si después, durante el desarrollo del concierto, se superan, se abrirá un expediente y se procederá a la sanción", afirmó el delegado de Medio Ambiente.

El edil socialista Pedro Zerolo considera todo un triunfo que el PP le aceptase una enmienda que "pone fin a la impunidad acústica", y sostiene que, en el caso del aeropuerto, el Ayuntamiento "sí podría llegar a sancionar".Otra de las novedades incluidas, a propuesta del PSOE, en el texto definitivo de la ordenanza contra el ruido -el texto inicial fue aprobado el pasado enero- es la posibilidad de que el Ayuntamiento subvencione la insonorización de ciertos locales considerados "patrimonio cultural de la ciudad" y que no tienen recursos suficientes para abordar esa reforma. El censo de esos locales emblemáticos (bares, cafeterías, teatros, salas de música) no está hecho aún, pero Medio Ambiente confía en ponerse de acuerdo con la Concejalía de Las Artes para elaborarlo en breve. La oferta municipal se extendería, en algunos casos, a las viviendas contiguas a estos locales.

Izquierda Unida también ha conseguido colar en la nueva ordenanza algunas de sus propuestas fundamentales: la creación de una Comisión de Control y Seguimiento del Ruido, con presencia de todos los grupos políticos, sindicatos y empresarios, la elaboración de un mapa acústico cada tres años o la obligación de que sean las empresas constructoras de grandes infraestructuras las que se hagan cargo de la colocación de pantallas acústicas junto a las viviendas cercanas. Actualmente, esas pantallas las paga el Ayuntamiento. La normativa prevé también, a petición de IU, que en zonas de especial protección pueda estudiarse la posibilidad de "cortar el tráfico" para reducir el ruido, según explicó la concejal Concha Denche.

La prohibición a los servicios de emergencia de llevar sirenas "frecuenciales" (las que van subiendo progresivamente de volumen) y el establecimiento de horarios para realizar obras domésticas -en días laborables, sólo de 8.00 a 21.00, y en fines de semana, no antes de las 9.30 y hasta las 21.00- o retirar escombros de la vía pública -no se podrá hacer más tarde de las 22.00- son otros aspectos de la ordenanza, a la que los tres grupos desearon ayer "larga vida". La oposición pidió al Gobierno que tenga "valentía" para garantizar su "cumplimiento escrupuloso".

La nueva normativa aumenta considerablemente las sanciones -hasta un máximo de 300.000 euros, por ejemplo, a quien supere en más de cinco decibelios el límite permitido o a los bares que tengan abiertas las puertas y no respeten el vestíbulo acústico-, aunque, en lo que se refiere a los locales de ocio, no varía sustancialmente las reglas en vigor. No se tocan los horarios ni el volumen de ruido autorizado, pero sí se obligará a ciertos bares a instalar un "limitador horario del sonido": un aparato que, a la hora establecida, apaga automáticamente el aparato de música y que está conectado con el Ayuntamiento. Manipular ese limitador de ruido será considerado falta grave y castigado con multas de hasta 12.000 euros.

Medio Ambiente podrá imponer, además, "medidas cautelares" como el cierre provisional de un local o la suspensión de una obra mientras tramita el correspondiente expediente sancionador. "Eso va a disuadir a muchos de infringir la ordenanza", auguran los técnicos de la concejalía dirigida por Paz González.

El pleno del Ayuntamiento aprobó también ayer, de forma definitiva, los reglamentos de funcionamiento del propio pleno, del gobierno municipal y de participación ciudadana. Los dos primeros merecieron duras críticas de las portavoces del PSOE, Trinidad Jiménez, e IU, Inés Sabanés, que los consideran una "mordaza" a la oposición. Manuel Cobo, portavoz del PP, los defendió diciendo que "aumentan la capacidad de control al gobierno" y que son mejores que otros de ciudades gobernadas por el PSOE.

Otros acuerdos decididos por el pleno fueron los siguientes:

- Dos nuevos hoteles. Dos edificios protegidos del centro de la capital, situados en la calle de Goya, número 49, y en el número 3 de la plaza de la Independencia, serán rehabilitados, "respetando sus estructuras", para convertirse en hoteles, informa Europa Press.

- Gerencia de Urbanismo. La concejal de Urbanismo, Pilar Martínez, anunció que el gobierno municipal "no puede ejecutar" -como le pedía el PSOE- la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que anula determinados artículos del reglamento de la Gerencia de Urbanismo porque este organismo autónomo dejará de existir como tal en breve para integrarse en el Consistorio.