"El Gobierno debe abrir un debate con cuestionarios en todos los centros"
Ocupó el cargo cuando el PSOE apenas llevaba dos legislaturas en el poder y lo deja ahora que los socialistas han vuelto al Gobierno. Tras 15 años como secretario general de la Federación de Enseñanza de CC OO, Fernando Lezcano (Santa Coloma de Gramanet, 1958) abandonó la pasada semana el mundo educativo para ocupar la secretaría de comunicación y portavocía de la confereración de este sindicato. En ese tiempo ha tratado -discutiendo unas veces y llegando a acuerdos otras- con nueve ministros de Educación. Ha sido testigo de primera fila de la evolución de la educación española en los últimos años, de las reformas y la forma de hacerlas, hasta llegar a la situación actual.
Pregunta. ¿Cuál ha sido la mejor etapa política de la educación española en la democracia?
"Hay una desconfianza de los profesores hacia las administraciones por la falta de apoyos"
"Los docentes no pueden atender las aulas en las condiciones en las que están"
"Se debe mandar el mensaje de que los docentes tienen una gran responsabilidad social"
Respuesta. En la famosa huelga de 1988 estaba José María Maravall como ministro de Educación y ese primer momento fue el más estimulante, a pesar de todas las disputas que tuvimos con él. Unos años antes había llegado el PSOE al poder y esa etapa coincidió con la canalización desde el Gobierno de muchas reivindicaciones que los movimientos progresistas habían ido atesorando desde la clandestinidad, en los años setenta y en los inicios de la transición política. Fue muy ilustrativo ver cómo antes de preparar la reforma educativa -que luego, en 1990, sería la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE)- se inició una fase de experimentación en algunos centros, se escribieron los llamados Libros Blancos sobre los temas esenciales a cambiar, uno de ellos escrito por Maravall.
P. ¿Cómo recuerda las etapas de los ministros porteriores?
R. La etapa Javier Solana-Alfredo Rubalcaba brilló más desde la perspectiva de la recuperación del diálogo y los acuerdos que intentan cerrar las heridas anteriores. Entonces negociamos la LOGSE, aunque no fuera satisfactoria totalmente, sí hubo una voluntad política de negociarla. A partir de Gustavo Suárez Pertierra se notó una pérdida de impulso político de la educación en el Gobierno de Felipe González. Actuaba movido por la inercia y recapitula incluso en cuestiones como la reducción de la participación en los centros y la elección de los equipos directivos, que deben ser como los políticos: grandes profesionales, pero elegidos democráticamente.
Ya con el PP en el poder, la etapa de Esperanza Aguirre fue nefasta y prescindible, forma parte de la facción liberal de PP que defiende ideas que se dan de patadas con la función social que tiene la educación. Rajoy pasó rápidamente a apagar los fuegos que había prendido Aguirre y a cerrar el proceso de transferencias, aunque no se hiciesen suficientemente acolchonadas económicamente. Y finalmente, la última etapa, la de Pilar del Castillo, ha sido el cuatrienio negro, sin género de duda. Han sido cuatro años de desprecio al diálogo con los que no compartían las tesis del Gobierno, de prepotencia y de recuperar lo más rancio del sistema educativo.
P. Pero luego ha habido problemas en parte derivados de la aplicación de las leyes socialistas. ¿No se cometieron errores?
R. Sí, principalmente dos. Uno fue que no se dieran cuenta de que la etapa de experimentación de la LOGSE no podía llevar a conclusiones universales. Porque esa experimentación de varios años se hizo en unas condiciones muy privilegiadas. Eran centros que querían hacerlo, con un equipo docente muy dispuesto y sensibilizado. Y las conclusiones sacadas en ese contexto no necesariamente podían ser extrapolables a todos los centros y todo el territorio nacional.
P. ¿En qué cuestiones concretas no eran extrapolables esas conclusiones?
R. Por ejemplo, en la receptividad del profesorado para poner en marcha la reforma por la incertidumbre y desorientación que les podía causar. Era previsible que tuvieran muchos una reacción conservadora. Otro error fue el tratamiento que se dio entonces al profesorado. Los docentes plantearon reivindicaciones muy justas, porque era conocido el nivel salarial de los docentes en comparación con otros funcionarios y el nivel de inestabilidad de muchos. Y no era razonable que un Gobierno socialista no canalizase esas reivindicaciones con voluntad de llegar a un acuerdo. Fue muy cerrado.
Y entonces se produjo una especie de excisión entre el profesorado más progresista, porque no entendieron la negativa negociar y tampoco cómo colocó el Gobierno la imagen social del docente, enfrentándolo a las familias y al resto de la comunidad educativa. Estuvimos tres meses de huelga en 1988 y nunca se contó con los profesores ni para los debates públicos ni en las negociaciones.
P. ¿Parte de entonces la división que existe ahora dentro del profesorado?
R. En gran medida. No me refiero a la mayoría del profesorado, que es heterogénea. Pero desde entonces hay una brecha con los sectores progresistas, que son los más dinámicos y los que podían haber tirado para adelante de esa reforma. Quizás no haya una fractura, pero sí como desconfianza instalada respecto a las administraciones.
P. ¿En la actualidad, cuáles son los principales problemas del profesorado que debería abordar el nuevo Gobierno?
R. Hay dos claves. Si el Gobierno les hace copartícipes del proceso de cambio, por un lado, y regulara su situación profesional (aprobando un Estatuto de la Función Docente
), por otro, con eso estarían mandando un importante mensaje a la sociedad: los docentes no son el pito del sereno, tienen una extraordinaria responsabilidad social. Además, se trata de medidas poco costosas, pero que cambiarían el clima.
P. ¿Con quiénes tendría que debatir el ministerio los cambios en la Ley de Calidad?
R. Con todas las organizaciones que canalizan la opinión del profesorado, tanto los sindicatos como los colegios profesionales y los movimientos de renovación pedagógica. Además, el Gobierno debería abrir un foro de debate sobre las principales pretensiones del Ministerio de Educación mediante cuestiones con todos los centros educativos. El objetivo sería que los equipos de los centros se reúnan y, a través de Internet, hagan llegar a sus respectivas comunidades autónomas las conclusiones a las que lleguen, y que éstas las remitan al ministerio.
P. ¿Qué modificaría usted de la Ley de Calidad?
R. Muchas cosas, empezando por la filosofía de fondo. Hay que situar a la escuela como compensadora de las desigualdades de partida para que todos los niños tengan las mismas oportunidades, situar al alumno como el centro de atención y al profesor como un profesional altamente cualificado que debe sacar lo mejor de los niños. Y hay que hacer una educación infantil claramente educativa y potenciar la primaria. Está demostrado que cuanto antes se escolaricen los niños, más posibilidades de éxito tienen. Y reforzaría el aprendizaje de técnicas de estudio y la lectura.
P. ¿Y en la secundaria?
R. Se debe hacer una gran apuesta por la atención a la diversidad, potenciando la optatividad y todas las fórmula que se han ensayado en este sentido. La LOGSE no resolvía bien esto ni se pusieron las medidas adecuadas. Y es ridículo pretender solucionar esto a golpe de itinerario.
P. Pero una encuesta reciente de Comisiones Obreras concluía que buena parte de los docentes está a favor de los itinerarios.
R. Lo que dicen los docentes en esa encuesta en primer lugar, con un apoyo muy mayoritario, es que se tiene que hacer una apuesta decidida por la atención a la diversidad del alumnado. Lo que advierten los docentes es que no pueden atender las aulas en las condiciones en las que están hoy, con tantos alumnos diversos y sin apoyos.
P. Pero los principales problemas en la ESO están en las troncales, como Lengua y Matemáticas. ¿Cuál sería su modelo?
R. Los desdobles de clases, por ejemplo. Se ha experimentado y ya se sabe que funciona. No estamos inventando nada. No hay que separarles en clases por rendimiento, como hacen los itinerarios, sino partir en dos la clase en matemáticas, por ejemplo.
P. Los desdobles son caros.
R. Nadie que quiera mejorar la calidad del sistema puede zafarse de invertir más recursos. La Ley de Calidad era falsa del derecho y del revés. No hay nadie en su sano juicio que crea que no es necesario el esfuerzo, tanto para estudiar como para la vida. Ésa no es la discusión. Se trata de ver qué esfuerzos hacemos todos, incluida la Administración. Una nueva ley debe ir acompañada de los recursos necesarios. Ésa es la cuestión.
Un curso para el consenso
La educación es la clave de cualquier proyecto social y desde todos los puntos de vista", dice Lezcano, ya metido en su nuevo papel en la Ejecutiva Confederal de CC OO. Lo explica así: "No se puede hablar de que se necesita un sistema productivo más competitivo, más insertado en los mercados mundiales, con más valor añadido, y tener una cohorte de profesionales que no estén suficientemente cualificados. No se puede abogar por una sociedad más cívica, armónica, participativa y solidaria, y no invertir en educación. Tampoco se puede pretender estar en pie de igualdad con los países más dinámicos de la UE sin invertir en educación".
El impulso del debate es uno de los temas a los que Lezcano da más importancia. Fernando Lezcano. "Los ritmos políticos condicionan, pero no pueden hacerlo hasta el extremo de llevar a hacer las cosas mal. No es razonable que el nuevo equipo de Educación, que pretende hacer las cosas bien, caiga en los mismos errores que Pilar del Castillo. El debate de los cambios en la Ley de Calidad no puede durar sólo hasta noviembre, como ha dicho el Gobierno. Se necesita por lo menos un curso académico para organizar un debate en condiciones. Y si se hace así, se conseguirá consenso, y eso agilizará después la tramitación parlamentaria".
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