"Una mayor dimensión de las empresas no debe estar reñida con asegurar la competencia"

José Montilla es andaluz de nacimiento (Iznájar, Córdoba, 1955), pero catalán de adopción, desde que su familia se trasladó a Sant Joan Despí cuando él tenía 16 años. Militó siempre en la izquierda (PTE, PSUC y PSC, en el que ingresó en 1978). Fue alcalde de Cornellà entre 1985 y 2003. La decisión de encabezar la lista de Barcelona al Congreso, primero, y la llamada de Zapatero para ocupar el renacido Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, después, le obligaron a dejar ese cargo, pero no el de primer secretario de los socialistas catalanes. Así que durante la semana ejerce de ministro y los sábados y domingos los dedica al PSC. Es un hombre de partido al que le gusta conocer bien la materia antes de lanzar una opinión. Aunque genere polémica en el seno mismo del Gobierno, como ha pasado con los horarios comerciales, que quiere reducir. Está dispuesto a resucitar la política industrial como una apuesta de futuro, a no quedarse cruzado de brazos ante las deslocalizaciones y a impulsar la investigación y la innovación. Y, siempre que puede, lanza puyas contra el Gobierno del PP por su actuación en diversos frentes.

Pregunta. Usted ocupa un ministerio que el anterior Gobierno enterró y que ahora vuelve con marchamo de superministerio. ¿Cree que fue un error su desaparición?

Respuesta. Creo que sí. Este ministerio se reconstruye sobre las carencias que se han constatado del pasado. Y, en ese sentido, que en este departamento radiquen competencias como el comercio, el turismo, las telecomunicaciones, la energía y los temas de política industrial quiere decir que hay la intención de que exista un ministerio de referencia para el mundo de las empresas y de la economía productiva.

P. ¿Y no son demasiadas competencias?

R. No. Ha habido un reparto equilibrado, de manera que el I+D estará básicamente en Educación y Ciencia, y la innovación, en este ministerio. También algunas direcciones que estaban en Comercio se han ido a Economía.

P. Uno de los primeros asuntos a los que se ha tenido que enfrentar es el de la apertura de los comercios en festivos, produciendo además discrepancias en el Gobierno. Usted propone que sean ocho; pero el vicepresidente Solbes defiende que se mantengan en 12.

R. No hay tanto debate ni discrepancias de fondo. Que todas las diferencias sean como éstas. El Gobierno está convencido de que hay que derogar la legislación vigente antes de enero de 2005. Consideramos que hay dos elementos básicos: no es conveniente en absoluto que haya libertad total los domingos y no tiene ningún sentido el número mínimo de horas fijado ahora, como lo demuestra que no se aplica. El punto de partida de las negociaciones con el sector y las CC AA se hará cumpliendo lo que dice el programa socialista, que propone ocho festivos y 72 horas. Está claro que es un punto de partida, pero también lo está que queremos modificar la legislación. El Gobierno regulará unos mínimos y las comunidades autónomas podrán decidir las aperturas que consideren pertinentes. Por tanto, no estamos condenando a los consumidores a que sólo puedan ir a comprar ocho festivos al año.

P. Una comunidad que no le es nada ajena ya ha propuesto ocho.

R. El programa del PSOE recoge ocho domingos y el Gobierno de Cataluña ha tomado como referencia el programa socialista.

P. Pero usted es partidario de reducir la apertura dominical

R. Sí, desde una posición de negociación. En Europa, sólo Suecia e Irlanda tienen una liberalización casi total, en un modelo de concentración de oferta muy acentuado. Las medidas liberalizadoras no necesariamente comportan incremento de la competencia ni de mejores condiciones para los consumidores. Eso es una falacia. La liberalización total favorece la concentración de la oferta y genera precios elevados de los productos. A las experiencias me remito. Eso, al margen de otras consideraciones que tienen que ver más con nuestra cultura, el clima, el papel del comercio en nuestras ciudades, la seguridad en las calles, la vida en los barrios, que son consideraciones no estrictamente económicas para apoyar el comercio urbano. Yo, como alcalde, fui propulsor de dos grandes superficies en Cornellà, y creo en la pluralidad de oferta en el comercio, pero no quiero que se santifiquen determinados conceptos en función del derecho sacrosanto de los consumidores.

P. Visto lo visto, está claro que para usted la mejor política industrial es la que sí existe.

R. La frase a la que se refiere [la mejor política industrial es la que no existe] se le atribuye a un ex ministro y él niega que la pronunciara. Pero, en cualquier caso, yo sí creo que, efectivamente, el Gobierno debe contar con una política industrial. Lo que ocurre es que el término está desacreditado por las connotaciones del pasado. La política industrial estaba ligada a un sector público muy importante, normalmente no eficiente, ligado a sectores maduros y en reconversión... Sobre esa concepción hay que pasar página.

P. Usted dijo que no se puede hacer política industrial si no se hace en el marco europeo; pero, por otra parte, abre muchas líneas de intervención. ¿Cómo se compaginan esas dos visiones?

R. En el pasado había una política intervencionista de fuerte presencia del sector público. Hoy las posibilidades de intervención respecto a la industria está muy condicionada por la legislación comunitaria. Y ahí está el problema de los astilleros Izar. Esas intervenciones deben hacerse por la vía de apoyar la innovación, pero respetuosas con la legislación comunitaria. Evidentemente, limita las posibilidades de actuación en una economía que es cada vez más abierta.

P. ¿Tienen la voluntad de intervenir contra la deslocalización?

R. La voluntad es no dejar que actúen sin más las leyes del mercado. Es evidente que las empresas privadas son libres de decidir dónde quieren producir. Pero, de manera muy especial cuando ha habido empresas que han tenido ayudas públicas, con un trato preferente por la Administración, ésta les debe requerir para que cumplan con el compromiso social adquirido. Y la Administración, sabiendo que hay limitaciones comunitarias, está obligada a mantener y renovar un tejido empresarial e industrial para que sea competitivo. No podemos, pura y simplemente, contemplar con resignación cómo se producen deslocalizaciones. Se han producido en otras épocas, afectan a otros países de la UE y a Estados Unidos. En algunos casos se pueden reorientar, como también es verdad que la única forma de que puedan pervivir determinadas empresas es deslocalizando una parte de su producción, lo que no es un desastre si las actividades que tienen más valor añadido continúan en el país. A veces, para asegurar la viabilidad de una empresa es necesario deslocalizar una parte de su actividad. Hay que tener una posición abierta y madura.

P. Ha anunciado que apoyará la creación de grupos competitivos. Ahora existe un proyecto en ciernes. ¿Una concentración iría en contra de los criterios de competitividad?

R. Hemos de ser muy respetuosos con las iniciativas que puedan tener las empresas. Y si las hay, las analizaremos a la luz de lo que dice la legislación y de las opiniones de los organismos reguladores. Una cosa es que haya empresas que ganen en dimensión y otra que las operaciones puedan provocar mayor concentración. Podría entrar en colisión con el deseo de asegurar la competencia, algo que es voluntad firme del Gobierno. Pero una mayor dimensión de las empresas españolas no debe estar reñida con asegurar la competencia.

P. Parece que en esta ocasión existe una voluntad manifiesta por parte de unas empresas (Gas Natural, Endesa y Agbar) en una posible operación, pero buscando el consenso del Gobierno.

R. Cuando tengan elaborada una propuesta ya lo analizaremos. De momento, propuestas en este sentido no existen y nuestra voluntad es de no interferencia.

P. Los presidentes de las empresas privatizadas fueron nombrados por el PP e incluso algunos se han blindado. ¿Cómo le gustaría al Gobierno que fueran los consejos de estas empresas?

R. Han de responder ante los accionistas, ser honestos y gestores eficaces. Es lo que hay que pedir de manera especial a estas empresas que, en algunos casos, actúan en sectores regulados, lo que es un factor añadido para tener muy presente. Ahora bien, el Gobierno, ni quita ni pone..., a estos consejeros.

P. Pero hay muchos consejeros llamados independientes colocados por el Gobierno anterior en empresas privatizadas.

R. Está claro que hay consejeros que ni son independientes ni tienen una trayectoria profesional que les avale. Yo creo que los propios accionistas lo irán corrigiendo con el paso del tiempo, pero no es intención del Gobierno interferir.

P. ¿Cómo?

R. Los accionistas tienen maneras de modificar los consejos si lo consideran necesario.

P. ¿Cómo piensa dinamizar los sectores tradicionales?

R. Hay posibilidades de pervivencia de determinadas actividades, como los que requieren mano de obra cualificada y tienen mucho valor añadido y, por tanto, tendrían dificultades para deslocalizarse. Ésa es precisamente la orientación que queremos dar en los pactos de carácter industrial: buscar apuestas de futuro y que no están necesariamente condenadas al cierre o a la deslocalización. No hablamos de una quimera, es perfectamente posible.

P. Se ha referido a Izar, ¿no cree que tiene un futuro muy incierto?

R. Lo estamos analizando en la doble vertiente de mantener el empleo al máximo posible y buscar soluciones consensuadas con las comunidades autónomas y con los agentes sociales. En ese sentido, se han dado muestras del cambio de actitud del Gobierno. Se ha llegado a un acuerdo en el convenio colectivo, y los nuevos responsables de la empresa le darán otra orientación. Hemos de tener iniciativas, pero las haremos cumpliendo con la legislación europea. Lo que está claro es que no se puede tener una actitud como la del anterior Gobierno, que ha puesto en peligro la pervivencia de un proyecto como Izar por no haber tomado ninguna medida durante ocho años a pesar de los expedientes que la UE había puesto en marcha. Se ha perdido una gran oportunidad. Se han inyectado muchos recursos, pero simplemente lo que se ha hecho es ganar tiempo. Y ganar tiempo tiene una justificación política, pero al final el tiempo se acaba.

P. Por eso hay algunos astilleros abocados al cierre.

R. Lo que está claro es que la solución tendrá que pasar, entre otras cosas, por una reducción de la capacidad. No nos engañemos. Trataremos que sea la menos posible y que se pueda salvar la mayor parte de la actividad. Tampoco quisiera avanzar conclusiones.

P. Ha acusado al PP de dejar hipotecado el carbón; pero en realidad ¿tiene futuro este sector?

R. El principal objetivo en política energética es garantizar el suministro y su calidad. Eso quiere decir tener un conjunto diversificado y el carbón tiene su espacio. En ese sentido, desde el realismo de una actividad que ha ido y va a la baja, no se puede decir hoy que podamos prescindir del carbón.

P. Porque se levanta Asturias.

R. No, porque lo necesitamos. Tenemos poca agua, tenemos pocas nucleares y poca energía renovable. Y no tendría sentido que se importara carbón y prescindir del nacional, porque aunque haya ido perdiendo peso sigue teniendo importancia y es vital para determinadas comarcas.

P. ¿Cambiará la ley para que haya más gasolineras?

R. Vamos a ver cómo podemos incentivar que haya más porque pensamos que se traduciría en más competencia y en mejora de servicio. Lo vamos a negociar con las operadoras y a través de otras administraciones, sobre todo para abastecer determinadas áreas donde las expectativas de negocio no son tan elevadas. Queremos que haya una presencia adecuada en zonas rurales.

P. Las eléctricas piden que suban más las tarifas, pero usted ya les ha dicho que inviertan más. ¿Hacen falta muchas inversiones?

R. Nuestro principal objetivo es garantizar el suministro. Y el suministro no peligra, pero su calidad es manifiestamente mejorable. Hay que incrementar las condiciones de competencia para que se beneficie el usuario y, por último, que la política energética en su conjunto tenga muy presente el medio ambiente. No sólo por los compromisos de Kioto, sino también por la apuesta de este Gobierno por las energías renovables. Eso quiere decir que, evidentemente, se ha de invertir más. Pero no es intención del ministerio crear una sensación de incertidumbre en un sector sensible con empresas que tienen muchos accionistas. Somos conscientes de que el capital ha de tener una retribución y que las incertidumbres no son buenas. No queremos crear esa sensación. Lo contrario, queremos que haya reglas de juego lo suficientemente claras como para que cada uno sepa cuáles son sus obligaciones.

P. Pero también hay que asegurar que se eviten los apagones.

R. Por supuesto. Por eso digo que hay que mejorar la calidad. Porque los apagones tienen un impacto sobre la economía del país. Los apagones cuestan mucho dinero al cabo del año porque no sólo afectan a los usuarios domésticos, sino también a la competitividad de las empresas.

P. ¿Mantiene el abandono progresivo de la energía nuclear?

R. Habrá una reducción progresiva. En esta legislatura no está previsto el cierre de ninguna nuclear. Es en 2009 cuando acaba la vida útil de Garoña y no hay ninguna propuesta de instalación. Es una apuesta que se mantiene.

P. Hasta ahora ha sido un rotundo fracaso la posibilidad de que el ciudadano pueda cambiar de suministrador. ¿Qué van a hacer?

R. Trataremos de agilizarlo. Las industrias ya empiezan a hacerlo.

P. Hay mucha controversia por el Protocolo de Kioto en el sector energético. ¿Se prevén cambios?

R. Dentro del sector hay dos posiciones enfrentadas, los que consideran que han hecho los deberes y les parece muy bien que España elabore su plan y los que muestran muchas reticencias, como Endesa, entre otras. Pero hay que recordar que la historia otorgó diferentes responsabilidades a empresas del sector cuando había una fuerte presencia pública. Estos considerandos hay que tenerlos presentes, porque en el fondo subyace una polémica que va más allá de Kioto y que es legítima entre empresas que compiten. El problema es que la negociación de los objetivos nacionales de reducción de emisiones pertenece al pasado. Hoy seguramente se negociarían los límites de otra manera, teniendo en cuenta que la economía española ha crecido más que la media comunitaria. Alemania puede vivir de la reducción de emisiones que hizo en el este. Otros juegan con un parque nuclear muy grande, como Francia. Nosotros estamos en peor situación. Pero a estas alturas tiene una difícil solución. Habrá que cumplir los objetivos de Kioto de forma soportable y sin poner en peligro la competitividad de los sectores afectados por la directiva comunitaria.

P. ¿Quién tiene la competencia sobre tarifas?

R. Las tarifas las formula la Comisión Delegada, presidida por el vicepresidente; las aprueba el Consejo de Ministros, y las elabora este ministerio.

P. ¿Se van a liberalizar las tarifas telefónicas en 2005, como prometió el anterior Gobierno, o se mantendrá una regulación?

R. El Gobierno está estudiando las consecuencias que tendría esta medida, pero no tiene una posición definitiva.

P. Después de seis años de bajada de las tarifas telefónicas, ¿cree el Gobierno, como piden los operadores, que deben subir?

R. Las tarifas no son algo homogéneo, como tampoco lo es el conjunto de los operadores del sector.

P. El servicio universal va a ser costeado por el Estado en parte, ¿en cuánto y para qué servicios?

R. Seguramente deberemos precisar con más exactitud qué servicios comprende el concepto servicio universal, y definir después su financiación.

P. ¿Están ustedes dispuestos a quitarle la licencia a Xfera si no presenta un plan de previsiones de puesta en marcha del servicio? ¿Qué plazo le dan para ello?

R. Estoy convencido de que Xfera cumplirá con sus compromisos.

P. ¿Los organismos reguladores tienen que ser más independientes?

R. Deben rendir más cuentas al Parlamento y, por otro lado, tener más papel en los informes técnicos que se realizan. Estos organismos se han de reforzar porque compiten con unos gabinetes jurídicos muy potentes, mucho más que los que de la Administración. Se dialoga con desventaja y eso no puede ser. Fortalecer no pasa necesariamente por tener más miembros, sino que tengan más funciones y algo más de recursos. Seguramente en la etapa del PP han quedado en segundo plano.

P. Se van a trasladar algunos organismos a otras ciudades.

R. Estamos en los dos primeros meses de una legislatura de cuatro años y todavía es prematuro tomar posición. Pero lo que hay es un compromiso de que los organismos reguladores no tienen que estar inexcusablemente en la capital. Por tanto, es perfectamente previsible que durante esta legislatura alguno de los organismos de traslade a otra ciudad. Es una idea de España distinta a la del PP, centralista y radiocéntrica. Es la España en red.

P. Ha anunciado un defensor del usuario, ¿hay demasiadas lagunas en las que se vulneran los derechos de los consumidores?

R. Es una figura que está en la Ley General de Telecomunicaciones. Y este Gobierno la va a impulsar porque los consumidores deben tener un interlocutor. Como también elaboraremos un Catálogo de Derechos y un Código de Buenas Prácticas para los operadores y los proveedores de servicios.

P. Tras el fracaso del boom de Internet, ¿cuál es su compromiso con la sociedad de la información?

R. Antes del 1 de enero de 2006 aprobaremos un Plan para el Desarrollo de la Sociedad de la Información y de Convergencia con Europa. El Plan impulsará la inversión en las tecnologías de la información y la comunicación en empresas, en las escuelas y en la propia Administración. Nuestro compromiso es que al finalizar la legislatura se dupliquen los recursos dedicados a apoyar proyectos innovadores que reduzcan la brecha digital. Para llevar adelante este proyecto necesitamos el apoyo del conjunto de las administraciones públicas, y por eso constituiremos la Conferencia Sectorial para el Desarrollo de la Sociedad de la Información.

P. ¿Usted recomendaría invertir ahora en estas sociedades?

R. Un ministro no debe ni recomendar ni dejar de hacerlo. No es mi cometido.