Desafío al Gobierno

La decisión del Gobierno de paralizar la aplicación de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), abanderada por el PP en la pasada legislatura en contra del criterio de todos los grupos parlamentarios excepto Coalición Canaria, se ha convertido ya en una de las puntas de lanza política de esta legislatura. El PP ha decidido convertir esta cuestión en tema prioritario en su estrategia de oposición. Así, tras la aprobación el viernes pasado por el Consejo de Ministros del decreto que establece un nuevo calendario de aplicación de la ley para retrasar dos años los cambios más controvertidos que aún no se han aplicado (como los itinerarios en la ESO, la reválida y la religión evaluable), el PP ha anunciado que todas las comunidades en las que gobierna recurrirán este retraso ante el Tribunal Supremo, solicitando además la congelación inmediata del decreto.

Este enfrentamiento es un paso más en la equivocada dirección de consolidar la educación como un tema de primer orden en la lucha partidista. Detrás de estas decisiones políticas, estudiantes, familias y colegios se ven inmersos en un complejo proceso plagado de incertidumbres. La tensión entre las organizaciones educativas conservadoras y progresistas, provocada en la pasada legislatura por la prisa con la que el anterior Ejecutivo cambió toda la educación española, no parece estarse aflojando. El propósito declarado por el Gobierno era precisamente el contrario: tener un margen de dos años para, por un lado, promover el amplio debate que se demandó y no realizó en la pasada legislatura sobre el sistema educativo español y, por otro, aprobar un modelo moderno de educación de futuro, acordado entre todos, que dé estabilidad al sistema educativo.

Pero el PP ha decidido ponérselo lo más difícil posible, a pesar de que el decreto ha sido respaldado por el Consejo de Estado y por el Congreso de los Diputados, con la única oposición de los populares. El PP considera que el decreto "paraliza una ley orgánica con una norma de rango inferior" y que "invade competencias de las comunidades autónomas". El Gobierno ha insistido en que no es una "suspensión" de la LOCE, sino un cambio en el calendario para posponer las medidas más polémicas, ya que "esta ley otorga en una disposición adicional competencias al Gobierno para establecer el calendario, y esto es lo que ha hecho". El Supremo será ahora el que tenga la última palabra tras evaluar si el decreto perturba o no el interés general.