Ajuste de cuentas a los abusos urbanísticos

La Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) de 1994 fue recibida con unánime complacencia. Aunque nació por impulso de los socialistas, la derecha no tuvo reparo en acunarla, pues vio en este instrumento legal una fórmula idónea para desarmar a los propietarios recalcitrantes frente a las iniciativas urbanísticas de los más emprendedores. Al amparo de esta norma se han movilizado y revalorizado grandes cantidades de suelo edificable mediante proyectos bendecidos por la Administración. Suelo que de otro modo hubiese quedado a menudo infrautilizado por el capricho o el cálculo de uno o varios de sus titulares, frenando el avance urbanizador. En puridad, la citada ley establece el principio aparentemente socializador de que el suelo es para quien lo trabaja, esto es, para el prepotente agente urbanizador, en demérito de quien sólo lo posee, el propietario.

Lo grave es que, a falta de un reglamento que nunca se ha promulgado, algunos de los aludidos emprendedores han aprovechado las lagunas del texto legal para abusar de muchos pequeños propietarios, inermes ante los apremios avasalladores del urbanizador. La desmesura del atropello ha sido tanta que provocó la respuesta de los damnificados, encuadrados en la Asociación Abusos Urbanísticos No, liderada por Charles Svoboda, un personaje de abigarrada biografía asentado en La Marina. A instancias de esta agrupación, precisamente, ha visitado estos días el País Valenciano una comisión del Parlamento Europeo para verificar los excesos o desmanes cometidos. Las primeras reacciones de estos juzgadores a partir de sus indagaciones ya anticipan el severo signo condenatorio de su dictamen, como no podía ser de otro modo.

Comprendemos que el Gobierno valenciano -pues hablamos de una ley autonómica- no esperase que el conflicto llegase a interesar en Bruselas y menos aun que nos enviase una embajada inspectora. Quizá por eso no fue sensible a los despojos que se venían cometiendo o, siéndolo, tampoco se aplicó con diligencia a la promulgación del reglamento que los hubiera limitado o impedido. En este sentido, la Generalitat ha sido cómplice objetivo de los agentes urbanizadores que se pusieron la ley por montera. Un momento muy oportuno, éste, en plena campaña electoral europea, para recordarle al PP sus connivencias tácitas con los especuladores y el desdén expreso mostrado hacia los pequeños propietarios, nacionales y extranjeros.

Por fortuna, la mencionada ley tiene los días contados porque ya está a punto de debatirse en Cortes la nueva Ley del Suelo en la que, es de suponer, se habrán afinado todas las garantías necesarias para que no se repitan -o no se repitan impunemente- los escándalos denunciados. No obstante, y hasta que entre en vigor, no sería descabellado decretar una moratoria urbanística, tanto para atajar nuevos abusos como también, y principalmente, para reflexionar acerca del estropicio arquitectónico y urbanístico que se ha perpetrado en el litoral valenciano y sus improbables correcciones. Sonroja leer las declaraciones de estos cualificados visitantes que, además de señalar la vulneración de los derechos constatada, denuncian escandalizados el urbanicidio que desde Torrevieja hacia el norte ha desfigurado nuestro litoral.

"¿Por qué los políticos han permitido esto durante tantos años?", ha preguntado la inspectora Margot Kesller. "Esto" es tanto la extorsión legal que comentamos como la depredación del paisaje. Y la respuesta no es otra que la doble villanía se debe en buena parte a la clase política, nutrida mayormente por profesionales desahuciados o desempleados de larga duración cuyo horizonte no es otro que sobrevivir en el cargo. Y en punto a los desafueros urbanísticos otro gallo cantaría si se hubiesen metido en el trullo unas docenas de munícipes, después de escudriñarles los patrimonios.

Una última nota: este País Valenciano ya no tiene parajes exclusivos para residentes con vocación de Robinsones, como es el caso de algunos asociados contra los abusos. Tienen sus derechos, pero no pueden impedir el avance urbanístico ni la legalización de sus -en ocasiones- ilegales parcelas. Si quieren la soledad, el paisaje y las ventajas que otrora tuvieron aquí búsquense un atolón en el Pacífico.