El PSOE denuncia que el 99% del gasto municipal lo decide el gobierno y no el pleno
El PP contesta que sólo aplica una ley apoyada por los socialistas
Desde que entró en vigor la Ley de Grandes Ciudades, el pasado enero, el 99% de los expedientes de aprobación de gasto del Ayuntamiento (gestión del presupuesto: contratos, adjudicaciones, inversiones,...) es debatido y decidido por la Junta de Gobierno y no por el pleno municipal, donde están representados todos los grupos. Éste queda solamente como órgano legislativo (elaboración o modificación de ordenanzas y reglamentos) y de control político.
La Ley de Grandes Ciudades fue aprobada en 2003 por el Congreso con el voto a favor del PSOE. A pesar de ello, los concejales socialistas Isabel Vilallonga y Óscar Iglesias comparecieron ayer para denunciar ese "desequilibrio de poder" entre gobierno y pleno en el Ayuntamiento, y advirtieron de que a partir del próximo lunes, cuando sea aprobado el reglamento de funcionamiento del pleno, los grupos de oposición verán muy mermada su labor de control al gobierno, "más necesaria que nunca ahora que los expedientes de gasto sólo los conoce el gobierno".
El motivo es que ese reglamento establece que los grupos sólo podrán presentar en cada pleno -se celebra uno al mes- un máximo de seis iniciativas (propuestas, preguntas, ruegos, peticiones de comparecencias). Para exponer cada una de esas iniciativas, cada grupo dispone, teóricamente, de ocho minutos (aunque, en la práctica, las exposiciones siempre se alargan a casi el doble): "en total, 48 minutos por pleno", dijo Vilallonga, que considera ese tiempo "absolutamente insuficiente".
El concejal de Hacienda, Juan Bravo, admite que los expedientes de gasto los ve exclusivamente la Junta de Gobierno, pero insiste en que eso es así "porque la Ley de Grandes Ciudades, aprobada con el voto del PSOE, obliga a que sea así en todos los grandes municipios, no sólo en Madrid".
Manuel Cobo, primer teniente de alcalde, sostiene que es necesario limitar el número de iniciativas por pleno para no eternizar las sesiones, y que en ciudades gobernadas por el PSOE el número es aún menor. "En Barcelona hay sólo tres iniciativas por grupo", subraya. Cobo niega, además, que los grupos de oposición vayan a tener sólo 48 minutos al mes para controlar al gobierno: "El reglamento obliga también a que las comisiones informativas [en las que todos los grupos debaten los asuntos antes de ir a pleno] sean públicas, y allí la oposición podrá pedir la comparecencia de quien quiera para preguntar lo que desee".
