Una juez decana alerta del "abuso" en las denuncias por malos tratos

El número de denuncias por violencia doméstica se triplicó en Barcelona en 2003: los juzgados abrieron 2.016 diligencias, mientras que el año anterior fueron 609. Durante la presentación de estas cifras, la nueva juez decana de Barcelona, Maria Sanahuja, advirtió de que da "la sensación de que algunas personas usan la fase de instrucción para tener mejor situación en la separación y se está haciendo un abuso de las denuncias en los juzgados". Esta afirmación desató el inmediato rechazo de las asociaciones de mujeres maltratadas. En cambio, Jueces para la Democracia apoyó a Sanahuja.

Las palabras de la decana cayeron como un jarro de agua fría en las organizaciones de mujeres. Tanto la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas de Cataluña como la Asociación de Asistencia a Mujeres Agredidas Sexualmente exigieron ayer una "inmediata rectificación pública" a la decana de los jueces de Barcelona por sus afirmaciones durante la presentación de la Memoria Anual de los Juzgados de Barcelona de 2003. Ambas asociaciones dicen que "no pueden aceptar como válido un comentario que se basa en impresiones sobre denuncias oportunistas y no se corrobora con sentencias por denuncias falsas". "En el 90% de las sentencias de separación el juez no tiene en cuenta los motivos que se aducen, por lo que suele resultar inútil a esos efectos el haber denunciado la violencia", apunta la presidenta de la Comisión contra los Malos Tratos, la abogada Consuelo Abril.

La portavoz de Jueces para la Democracia en Cataluña, Luisa Maria Prieto, sí que puso datos sobre la mesa: "Una de cada cuatro órdenes de protección que se solicitan por violencia doméstica no son admitidas porque no se justifican. Existen casos en los que son sólo un instrumento que pretende ser utilizado en un proceso de familia. Es lógico que siempre que hay una medida legislativa nueva haya problemas de interpretación en su aplicación".

Para Prieto, "es lógico que sea el juez que valore si la denuncia está o no justificada. Hace falta un proceso civil mucho más ágil para resolver los conflictos que se generan en la familia".

El fuerte aumento en el número de denuncias por violencia doméstica se explica por la mayor información que reciben las víctimas. Pero, según la juez decana de Barcelona, también en algunos casos, "da la sensación de que se utiliza la jurisdicción penal. Hoy es muy difícil que a un juez que le piden una orden de alejamiento no la conceda. Los abogados han de tomar conciencia que no pueden recomendar rápidamente que sus clientes vayan a denunciar su caso ante los tribunales".

Para Sanahuja, en estas situaciones, "la responsabilidad es de todos, aunque a veces sólo se mire a los jueces. Esto está provocando una justicia defensiva que no es buena para solucionar el problema". Sanahuja denunció ayer que los jueces sufren una presión mediática y social muy fuerte en este terreno.

Sanahujaargumentó que para proteger a una mujer maltratada son necesarios ocho policías. "Evidentemente hay que dar protección a las personas que están en situación de riesgo, pero no se puede proteger si la cosa se dispara y allí acude a todo el mundo. Hay que determinar si se está produciendo un uso abusivo e informar de que esto puede tener consecuencias. Los abusos son inevitables pero hay que establecer mecanismos de control", afirmó.

Las asociaciones de mujeres aseguran en un comunicado que "los estudios realizados hasta el momento evidencian que se denuncia menos del 10% de la realidad, por lo que el incremento de los asuntos penales en este apartado no supone un dato contradictorio, sino que es presumiblemente la consecuencia de las campañas que animan a las víctimas a denunciar".

Por su parte, Gerard Thomas, presidente del la sección novena de la Audiencia de Barcelona, consideró ayer que las afirmaciones de Sanahuja son "un mal análisis de las denuncias".