El Gobierno vasco reservará pisos a mujeres maltratadas

El Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno vasco equiparará a las mujeres víctimas de malos tratos con las del terrorismo en las condiciones para acceder a una vivienda de protección oficial, según indicó ayer en Bilbao su titular, Javier Madrazo, quien desgranó una serie de propuestas para facilitar el acceso a una vivienda a las víctimas de la violencia doméstica. El consejero aseguró que las instituciones deben volcarse en erradicar "el terrorismo patriarcal, una de las mayores lacras de nuestra sociedad". El plan de actuación, integrado por cinco medidas, estará en pleno funcionamiento "antes del verano". Las actuaciones se incluirán en la futura Ley vasca de Igualdad, cuyo anteproyecto ya ha sido aprobado.

La primera medida consiste en incluir a las víctimas de malos tratos dentro del cupo de las viviendas de promoción que se reserva a las familias monoparentales con hijos menores a su cargo, aunque no cumplan este requisito. La segunda actuación permitirá a estas mujeres acceder al sorteo de un piso protegido aunque no cumplan todas las condiciones necesarias (estar empadronadas, no poseer una vivienda en propiedad y no superar unos ingresos máximos de 30.000 euros anuales).

La tercera medida establece que las mujeres que sufran malos tratos podrán cambiar la vivienda de la que sean propietarias por otra de protección oficial, bien en alquiler o en compra, para que puedan así trasladarse a vivir a otro lugar. El departamento destinará además a este colectivo algunas de las casas reservadas para situaciones de emergencia social.

La quinta y última medida consiste en poner a disposición de los ayuntamientos y diputaciones, que son las instituciones competentes en la acogida de las víctimas, viviendas promovidas por el propio departamento. Los pisos se venderían a las administraciones locales a un precio social y éstas lo ofrecerían luego a las víctimas, sin que su nivel de ingresos suponga limitación alguna.

Javier Madrazo reconoció que desconoce cuál será el volumen de demanda de pisos por las víctimas de violencia de género ni el presupuesto que se destinará para poder cubrirla.