Madrazo cierra la crisis con los ayuntamientos aceptando las tesis de Eudel

El Departamento de Vivienda y la asociación de municipios Eudel firmaron ayer la paz y cerraron el duro enfrentamiento que han mantenido por el control de los sorteos de las viviendas de protección oficial (VPO) promovidas por los ayuntamientos. Eudel ha ganado el pulso, ya que Vivienda elaborará una nueva orden sobre adjudicación de los pisos protegidos que permitirá a los alcaldes sortear las viviendas entre los demandantes inscritos en los registros municipales. El departamento pretendía regir los sorteos con los inscritos en la lista oficial de Etxebide.

Tanto el consejero, Javier Madrazo, como el presidente de Eudel, el peneuvista Karmelo Sainz de la Maza, expresaron su deseo de olvidar el pasado y pensar sólo en las posibilidades de colaboración que se abren ahora entre las dos instituciones más importantes en materia de vivienda: el Gobierno y los ayuntamientos. El conflicto no se ha cerrado en falso, según recalcaron sus dos protagonistas, pero la batalla institucional vivida en las últimas semanas ha resultado muy agria, con graves imputaciones del departamento a "algunos alcaldes" que no identificó, a los que acusó de "clientelismo" y "enchufismo" en la adjudicación de VPO. En un intento de lavar esa imagen, Sainz de la Maza volvió a insistir ayer en presencia de Madrazo que los alcaldes "jamás" han puesto en cuestión que el sorteo sea la mejor fórmula para distribuir las viviendas protegidas.

El origen de la polémica se remonta a la orden que aprobó el departamento en febrero regulando los sorteos municipales de VPO, a los que imponía las mismas condiciones que rigen para los sorteos de las promociones gubernamentales. Lo que más molestó a los ayuntamientos fue la obligatoriedad de sortear los pisos municipales entre los demandantes inscritos en Etxebide, el registro oficial del Gobierno, que estén empadronados en el pueblo, dejando en un segundo plano sus propios registros. Según el Ejecutivo, la existencia de varios registros resulta superflua, genera confusión, incrementa los costes y favorece la existencia de "zonas oscuras" a la hora de las adjudicaciones.

A pesar de que los alcaldes habían mantenido varias rondas de negociaciones con el departamento, la publicación de la orden en esos términos les llevó a anunciar la presentación de un recurso contencioso administrativo para salvar "la autonomía" propia de los ayuntamientos frente al Gobierno.

Después de intensas reuniones para acercar posturas, finalmente la nueva orden permitirá a los alcaldes sortear los pisos entre los demandantes inscritos en sus registros y sólo cuando un ayuntamiento en concreto se ponga de acuerdo con el Ejecutivo a través de un convenio, podrán tomar parte las personas del listado de Etxebide. Así, los aspirantes de la lista gubernamental no podrán incorporarse por sistema a cualquier sorteo.

La orden también recoge que los ayuntamientos fijarán libremente las condiciones de empadronamiento de los ciudadanos que participen en los sorteos, aunque si el Gobierno ha financiado una parte de la promoción en cuestión, la exigencia de empadronamiento no podrá exceder de tres años. La consecuencia inmediata del acuerdo con Vivienda va a ser que Eudel renuncia a presentar el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia.

Madrazo señaló que el acuerdo con la asociación local permite dejar atrás los desencuentros y centrarse en producir vivienda a precios asequibles para los ciudadanos. "Desde el Gobierno siempre hemos creído en la cooperación con los ayuntamientos en todas las cuestiones relacionadas con la vivienda. El diálogo es el mejor camino", resaltó conciliador.

Sainz de la Maza aprovechó su intervención para ensalzar el papel de los alcaldes en la promoción de casas y, sobre todo, para despejar cualquier sombra de duda acerca de la "transparencia" de los registros municipales, confeccionados de acuerdo con los principios de publicidad e igualdad de oportunidades para todos.

Pero aunque Madrazo se empeñó en asegurar que el desencuentro es pasado, la próxima semana deberá comparecer ante el Parlamento a petición del PSE para explicar las acusaciones que su viceconsejero, Javier Dean, lanzó contra algunos alcaldes, aunque sin dar nombres. El pleno del Parlamento rechazó ayer con los votos del tripartito una iniciativa del PP que exigía la dimisión de Dean por dichas críticas.