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Sanidad dará servicios de dentista y podólogo a precios reducidos

Geli asegura que la entrada de capital privado no comportará la privatización de la sanidad

Miquel Noguer

Con un Departamento de Sanidad en números rojos y unos hospitales públicos necesitados de fuertes inversiones, el Gobierno catalán anunció ayer que buscará la colaboración de bancos y cajas para financiar las mejoras de estos hospitales. El anuncio se produjo el mismo día que la consejera Marina Geli anunciaba que los ambulatorios ofrecerán, a partir del año que viene el servicio de dentista y podólogo, aunque acudir a ellos no será gratuito. Los pacientes deberán pagar parte del servicio, con lo que será más barato que en el sector privado pero no gratuito.

Esto muestra la complicada situación económica de la sanidad catalana que, sin embargo, debe seguir invirtiendo. Para esta legislatura la Generalitat se ha comprometido a invertir 400 millones de euros en estos centros, pero esta aportación todavía es insuficiente, por lo que se deberá recurrir a bancos y cajas.

El Gobierno pretende que las entidades financieras hagan centros sanitarios sin cederles la gestión
Sanidad asegura que la entrada de capital privado "no representaría la privatización del sector"
El Instituto Catalán de la Salud invertirá 400 millones hasta 2007 en reformar los grandes hospitales
Geli defiende que implantar prestaciones de pago no desvirtúa el carácter público de estos servicios

Estas entidades de carácter privado serían las que sufragarían la construcción de nuevos centros y servicios sanitarios, unos centros que la Generalitat pagaría en 20 o 30 años y de los que acabaría siendo propietaria.

Se trata, según la consejera de Sanidad, Marina Geli, de lograr que entidades financieras, sobre todo las cajas, se hagan cargo de "una parte de las inversiones", aunque dejó muy claro que las principales fuentes de financiación de los hospitales del Instituto Catalán de la Salud seguirán siendo los presupuestos de la Generalitat y el dinero que aporte el Gobierno central tras la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica y de la sanidad.

Fuentes del Departamento de Sanidad explicaron ayer que la entrada de las cajas en la construcción de infraestructuras sanitarias no supondría "en ningún caso" la privatización del servicio ni de la gestión. "Es como si la Generalitat suscribiera una hipoteca con una caja para la construcción de un hospital", explicaron. Raimon Balenes, director gerente del Instituto Catalán de la Salud, afirmó ayer que este sistema de financiación se ha llevado a cabo "con éxito" en Inglaterra.

La presentación de las cuentas de Sanidad también sirvió ayer para anunciar nuevas prestaciones en los ambulatorios. El próximo año los centros de atención primaria comenzarán a ofrecer el servicio de odontología y podología, aunque, eso sí, no serán gratis. La consejera Marina Geli explicó ayer que su equipo trabaja en un plan que permita a los ambulatorios alquilar parte de sus dependencias a profesionales de estas especialidades, que cobrarían "a precios de mercado pero con tarifas más bajas".

Este tipo de servicios ya se ofrecen en un CAP, el de La Roca del Vallès (Vallès Oriental), gestionado por un consorcio sanitario de naturaleza privada.

La voluntad de Sanidad, que estudia introducir estos servicios aunque "no de forma obligatoria en todos los ambulatorios" y "siempre previo acuerdo con sus profesionales", es que se amplíe con nuevos servicios de pago las prestaciones odontológicas y también de podología", según Geli."Actualmente, en el caso de la atención odontológica, el catálogo de prestaciones sólo cubre la extracción de dientes y la prevención en los niños. La idea de la Generalitat es ampliar este servicio con nuevas prestaciones que se ofrecerán a precio de mercado pero con tarifas bajas", según la consejera Geli.

Esta misma situación se podría repetir con los servicios de podología, aunque "los afectados por el pie diabético o isquémico quedarían exentos de pago", aseguró Geli, quien prevé ampliar esta iniciativa "durante este 2004" y "generalizarla en los ambulatorios que quieran en 2005".

El gerente del Instituto Catalán de la Salud, Raimon Belenes, consideró que el dentista que ofrezca estos nuevos servicios "tendría que ser diferente" del profesional que "actualmente realiza las extracciones o revisiones odontológicas en población infantil" por "no crear dobles listas de espera".

Pero lo que más preocupa a los profesionales del sector es que la entrada de capital privado en los ambulatorios y hospitales pueda distorsionar el carácter público de estos servicios.

Marina Geli aseguró ayer que entre 1991 y 2003 el Gobierno de CiU, que debería haber invertido 63 millones anuales, invirtió sólo 41, lo que generó una descapitalización acumulada de más de 280 millones de euros en los hospitales y centros de primaria, que, unido a lo anticuado de los centros, ha provocado un gran deterioro de los edificios. Seis de cada 10 hospitales del ICS tienen más de 50 años de antigüedad.

De momento, y para este año 2004, la Generalitat ya ha comprometido una partida de 75 millones de euros, que servirán para hacer las actuaciones más urgentes en los hospitales, como la reforma de determinados servicios de urgencias. Marina Geli admitió que estos 75 millones son "insuficientes", pero recordó que "este dinero ya es mucho más del que se ha invertido en años anteriores y lo hemos reunido en un ejercicio especialmente complicado".

En las últimas semanas se han multiplicado los anuncios de intenciones sobre qué hacer con la deuda que acumula la sanidad catalana, cifrada en 3.000 millones de euros. Primero el Gobierno anunció nuevos impuestos sobre la gasolina, 2,40 céntimos por cada litro. También el pasado miércoles Marina Geli admitió que considera la posibilidad "a largo plazo" de que los ciudadanos deban pagar un euro por cada receta médica.

Fuentes del sector sanitario aseguran que el consejero de Economía y Finanzas de la Generalitat, Antoni Castells, tiene una "verdadera preocupación" por atajar la sangría de la sanidad pública catalana, por lo que el céntimo sanitario, el recargo de 2,40 céntimos por cada litro de gasolina, es sólo una medida a corto plazo, pero insuficiente.

Castells se ha puesto en contacto en los últimos días con varios expertos en sanidad y en economía del sector público para que integren una comisión de notables, que se anunciará en breve y cuya finalidad será la de estudiar la reordenación del gasto sanitario, informa Serafí del Arco.

Nuevas medidas para 2005

Desde el Departamento de Economía aseguran que este año no habrá más medidas. Fuentes del departamento y del sector sanitario sí dan por hecho, sin embargo, que ya se están analizando nuevas iniciativas tributarias para incluirlas en los Presupuestos de la Generalitat de 2005, que ya se están empezando a elaborar para presentarlos en el Parlament en el próximo otoño. Así, el medio y largo plazo al que se refirió el miércoles la consejera de Sanidad, Maria Geli, para introducir un copago en las visitas médicas por parte de los usuarios, podría llegar mucho antes. El copago en las visitas, tal como se ha anunciado en Francia, es una alternativa. Tampoco se descarta el copago en las medicinas.

La entrada de las cajas en la financiación de las infraestructuras hospitalarias sería otra vía para liberar déficit. Un portavoz de La Caixa explicó ayer que, de momento el Gobierno no se ha puesto en contacto con ellos para considerar tal posibilidad, aunque se mostró "abierto a hablar de ello en el futuro". Desde Caixa Catalunya se recuerda que su obra social ya está financiando la transformación de centros hospitalarios en residencias geriátricas y centros sociosanitarios, algo que seguirá haciendo en el futuro si se lo pide el Gobierno catalán. De hecho, y según afirmó Marina Geli, la incorporación de las cajas en la financiación de servicios públicos "no es una apuesta exclusiva de Sanidad, sino del conjunto del Gobierno catalán".

Otros departamentos como Bienestar y Familia están abriendo también vías de diálogo con las cajas para conseguir nuevas vías de financiación.

28 nuevos ambulatorios

El Instituto Catalán de la Salud construirá esta legislatura un total de 28 nuevos centros de Atención Primaria (CAP) en las zonas de Cataluña que han tenido un mayor aumento de población durante los últimos años. Para ello se invertirán 42 millones de euros a lo largo de esta legislatura, un dinero incluido en los 400 millones que el Instituto Catalán de la Salud espera destinar a mantenimiento y construcción de nuevas infraestructuras.

De este presupuesto también deberán salir 14 millones para actualizar y reformar seis centros y otros 17 millones para ampliar otros ocho ambulatorios ya existentes.

Pero las dudas comienzan a planar sobre este proyecto, ya que el Gobierno catalán todavía no ha decidido qué modelo de gestión deberán tener estas nuevas instalaciones.

El Gobierno de CiU recibió no pocas críticas por parte de los partidos de izquierda, entonces en la oposición, cuando decidió privatizar la gestión de 76 centros de atención primaria, unos centros que pasaron a ser gestionados por entidades de carácter no lucrativo o por los propios profesionales que trabajan en ellos.

Este modelo está siendo revisado por los nuevos responsables del Departamento de Sanidad, quienes aseguran que tendrán un diagnóstico de la situación a finales de este año. Será entonces cuando se conozcan los resultados de un informe que se está elaborando sobre la situación de estos ambulatorios.

Los tres partidos que conforman el Gobierno catalán defienden diferentes modelos de gestión y contrasta, sobre todo, la posición de los socialistas y de Iniciativa per Catalunya. Mientras que los socialistas nunca se han cerrado por completo a que médicos o consorcios de carácter público se hagan cargo de los ambulatorios, los ecosocialistas consideran que estos centros pueden perder calidad y su condición de acceso universal si el Instituto Catalán de la Salud no se responsabiliza directamente de ellos.

Esquerra Republicana ha mostrado una posición más tibia hacia la privatización de la gestión de los ambulatorios y, durante la campaña electoral de las últimas elecciones autonómicas, se limitó a prometer que se congelarían las privatizaciones hasta tener un informe que detallara las consecuencias de estas actuaciones. El informe llegará antes de seis meses.

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Sobre la firma

Miquel Noguer
Es director de la edición Cataluña de EL PAÍS, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional. Licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona, ha trabajado en la redacción de Barcelona en Sociedad y Política, posición desde la que ha cubierto buena parte de los acontecimientos del proceso soberanista.

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