Contra la temporalidad

No se puede decir que el anuncio de reforma del mercado de trabajo del ministro Jesús Caldera sea un modelo de precisión; pero quizá sea así como hay que empezar. El Gobierno tiene claro que el mercado laboral debe cambiar para reducir la agobiante tasa de temporalidad de la economía española (33% de los contratos, casi tres veces más que la media europea); tiene claro, además, que debe recuperarse el principio de causalidad, según el cual no es posible cubrir con contratos temporales aquellos puestos de trabajo que tengan un carácter de fijo, y que debe perseguirse el fraude en los trabajadores autónomos. A partir de estas líneas básicas, se trata de que los agentes sociales negocien una reforma en la que todos estén de acuerdo y que, por supuesto, cumpla el objetivo de reducir la temporalidad.

El Gobierno propone desincentivar la contratación temporal elevando la cotización de este tipo de contratos. Las posiciones económicas más ortodoxas han defendido que el principal obstáculo para aumentar la contratación fija es el coste del despido, que se considera muy elevado. Para evitarse ese coste, el empresario, según esta interpretación, recurriría a tipos de contratación más inestables, pero más baratos. Esta diferencia de criterios animará sin duda el debate entre los agentes sociales y el Gobierno.

Un punto clave de la reforma, el de la negociación colectiva, tampoco ha merecido mayor precisión. Sin embargo, es esencial que las normas que regulan la negociación de los convenios se apliquen según el criterio de la máxima proximidad a cada empresa. Los convenios deben negociarse según las condiciones específicas de los trabajadores y las empresas, no en relación con normas sectoriales de elaboración abstracta, formuladas con frecuencia por burocracias alejadas de los problemas concretos.

Pero no todo queda abierto. Caldera fue más concreto en la subida del salario mínimo, que pasará de los 460 euros actuales a 490 a partir del 1 de julio, con el compromiso de que a finales de la legislatura llegue a los 600. En todo caso, con mayor o menor precisión, es importante que el Gobierno haya marcado los objetivos de la reforma, las líneas maestras para realizarla y una agenda que implica ponerse inmediatamente manos a la obra. De hecho, la negociación empezó el martes con la entrevista que mantuvieron José Luis Rodríguez Zapatero y el presidente de la CEOE, José María Cuevas.