El Estado de Tejas ejecuta a un enfermo mental
Un esquizofrénico paranoide fue ejecutado en la madrugada de ayer en Tejas, a pesar de que la propia Junta de Perdones del Estado recomendó, por cinco votos contra uno, que se postergara su muerte o que le conmutaran la pena por una de cadena perpetua. El gobernador de Tejas, Rick Perry, rehusó y ordenó a los verdugos del penal de Huntsville que prosiguieran con la ejecución de Kesley Patterson mediante inyección letal. Patterson murió como había vivido, gritando una mezcla de frases lógicas e incongruentes.
"No familia, no familia, no familia, no soy culpable, me han absuelto, quiero que me devuelvan mis derechos", decía mientras el funcionario de prisiones le ataba las correas a la camilla de la muerte. Antes de ponerle la inyección letal le preguntó cuáles eran sus últimas declaraciones, a lo que respondió: "qué declaraciones, declaraciones para qué". Y cuando el veneno le estaba entrando ya en las venas gritó sus últimas palabras: "Devuélvanme la vida, no soy culpable".
Patterson, de 50 años, estaba condenado por un doble asesinato hace doce años en la ciudad de Palestine. Una tarde entró en una empresa petrolera y mató a tiros al director y a su secretaria, con los que no tenía ninguna relación. Luego se fue a su casa, se cambió de ropa y salió a pasear. Horas después le arrestaron.
Patterson había tenido otros encuentros con la justicia por dos tiroteos sin víctimas pero en ambos casos le habían declarado "incapacitado mentalmente" para confrontar un juicio. Ese diagnóstico no tuvo peso a la hora de sentenciarle por los asesinatos. Durante el juicio gritaba que alguien le estaba manipulando "por control remoto".
Fallo del Tribunal Supremo
Sus abogados apelaron a la Junta de Perdones para que le conmutaran la pena o pospusieran la ejecución. La Junta, que nunca en sus 32 años de historia había aceptado peticiones similares, lo hizo en este caso. El gobernador Perry afrimó que "nadie puede garantizar que este acusado no será dejado en libertad para cometer otros crímenes". Según las leyes estatales, Patterson tenía que haber cumplido 35 años de encarcelamiento antes de optar a la posibilidad de lograr la libertad bajo palabra.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró hace dos años ilegales las ejecuciones de retrasados mentales pero no de personas con trastornos psiquiátricos. Desde que se produjo ese fallo jurídico, tres hombres con distintas enfermedades han sido ejecutados en Tejas, además de Patterson. El gobernador Perry conmutó la ejecución de un discapacitado el año pasado. Cuando George W. Bush era gobernador conmutó un caso de un reo sano mentalmente.
Desde que el Tribunal Supremo restableció la pena de muerte en 1976, más de 920 convictos han sido ejecutados en Estados Unidos. De esas ejecuciones, 322 se han realizado en Tejas.
