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El servicio de espionaje obliga a cambiar el plan de urbanismo

Los chalés previstos junto a la sede del CNI invadían la franja de seguridad

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI, el servicio de espionaje español) ha obligado a modificar el planeamiento urbanístico de Madrid, que había diseñado en los aledaños de su sede -en la zona de Valdemarín-Este- 25 chalés de lujo que no respetarían la distancia de seguridad mínima de 40 metros. El Ayuntamiento de Madrid aprobó, en febrero del año pasado, el estudio de detalle sobre la construcción de estas viviendas -a pesar de que el CNI le había advertido en 2002 de que allí no se podía construir-, y ahora deberá modificarlo. La solución, edificar en altura.

El Consistorio madrileño se ha visto obligado a rectificar el planeamiento urbanístico en esa zona, que ya estaba parcelada. Para evitar un perjuicio a los dueños del suelo, les permitirá que levanten bloques de pisos. Es decir, al existir menos terreno, el Ayuntamiento les compensará permitiéndoles que hagan pisos en altura en un lugar en el que sólo había autorización para chalés unifamiliares.

Y es que la seguridad del CNI está por encima de todo. El Ayuntamiento tiene que deshacer lo que había aprobado, y para ello está tramitando una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del APE 09.24/U.E4. El procedimiento elegido obliga a que los cambios salgan a información pública y a que la Comunidad de Madrid dé su visto bueno.

El anterior Gobierno regional -presidido por el hoy alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón-, exigió al Ayuntamiento, cuando se estaba tramitando la revisión del PGOU en 1997, que bajara la edificabilidad. Pero el actual gerente municipal de Planificación Urbana, Enrique Zozaya, considera que "este cambio no implica un aumento de edificabilidad". "Simplemente", dice, "se concentran las viviendas unifamiliares que se iban a levantar en la franja de 40 metros en bloques plurifamiliares de tres alturas". Para el Consistorio, la modificación sólo supone la acumulación de la edificabilidad que ya existía.

Zozaya asegura que el cambio de tipología es posible con las normas urbanísticas imperantes. "Además", concluye el gerente, "si en un primer momento el Ayuntamiento hubiera conocido la imposibilidad de edificar en esa franja, se hubiera edificado de la forma que ahora proponemos".

El Ministerio de Defensa advirtió al Ayuntamiento en octubre de 2002 de la imposibilidad de llevar a cabo el proyecto de urbanización en la forma planteada, que invadía la franja de seguridad protegida por una orden ministerial de 1989.

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Mínimo, 40 metros

En esa orden se señala que "la edificación colindante al CNI debe respetar una distancia de seguridad de un mínimo de 40 metros a partir del muro de cerramiento oeste". Esta advertencia la volvió a repetir Defensa en marzo de 2003, al enviar a Urbanismo un informe desfavorable al plan de urbanización en esa zona. Uno de los viales proyectados y las viviendas que se ubicarían dentro de la zona de protección afectarían a la seguridad de la instalación y de sus comunicaciones y equipos.

El proyecto de urbanización se paralizó entonces, pero el Ayuntamiento aprobó, el 20 de febrero de 2003, el segundo paso del desarrollo urbanístico: el estudio de detalle. Este documento, que especifica la situación concreta de cada parcela y sus características, se distribuyó entre los miembros de la Junta de Compensación (los propietarios del suelo). En esos planos, algunos de los chalés figuraban a sólo cinco metros de la tapia del CNI.

Los vecinos no están de acuerdo con la decisión del Ayuntamiento -resolver el problema con el CNI permitiendo la edificación en altura-, y sospechan que eso sólo satisface "intereses urbanísticos de unos pocos". Juan García, de Ecologistas en Acción, señala: "Sorprende esta rapidez en tramitar una variación del plan urbanístico; la rapidez desparece cuando se trata de salvar una masa arbórea que hay en la misma zona, protegida por el propio Ayuntamiento y donde no se ha permitido concentrar la edificabilidad en altura". Incluso la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, también defendió, siendo concejal, la preservación de esta masa arbórea.

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