Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra
Entrevista:Juan Fernando López Aguilar | Ministro de Justicia

"Vamos a agilizar el divorcio para evitar situaciones de violencia"

Juan Fernando López Aguilar, 42 años, el ministro canario del PSOE, tiene el encargo de agilizar la justicia, desarrollar un nuevo procedimiento penal cuya dirección se encomendará a los fiscales, acuñar un nuevo estatuto para el fiscal general del Estado, instaurar la justicia de proximidad para pleitos de poca monta, simplificar los trámites del divorcio, regular el matrimonio entre personas del mismo sexo y, sobre todo, combatir "a tope" la violencia contra las mujeres.

Transpira moderación hasta en la forma de hablar, pausada, profesoral, en las antípodas de aquellas fogosas y atropelladas diatribas de dirigente en la oposición. Ha pulido las aristas de sus invectivas al PP y ahora se expresa en un tono redondo, reflexivo, ministerial. Juan Fernando López Aguilar, de 42 años, ministro de Justicia del nuevo Gobierno, se mueve con desenvoltura por un despacho que conoce muy bien de sus tiempos de asesor de anteriores ministros socialistas y de negociador con los dos últimos ministros del PP. Detrás de su mesa ha hecho colocar un retrato de Fernando de los Ríos, su antecesor durante la II República, que ahora preside la estancia.

Pregunta. ¿Sigue creyendo en el "espíritu" que les llevó a firmar el Pacto por la Justicia aunque ya no esté vigente?

"Los homosexuales ahora pueden adoptar, pero tienen que hacerlo como si fueran solteros"

"Los trámites de divorcio que ahora duran un año se reducirán a dos meses"

"No habrá censura previa en las mezquitas, pero potenciaremos el conocimiento del islam"

Respuesta. Sí, por coherencia, porque lo habíamos sostenido en la oposición y, antes aún, en el Gobierno. Por tanto, buscaremos ahora activamente grandes consensos para promover iniciativas de cambio en leyes que tienen especial complejidad como será el caso de la reforma del proceso penal. Y también por convicción, porque en la Justicia inciden muchos sujetos y actores políticos y buscar consensos y grandes pactos es imprescindible.

P. Ha mencionado la reforma del proceso penal. ¿Cuáles van a ser sus directrices?

R. Adaptarlo a la Constitución y a más de 20 años de jurisprudencia constitucional y de los tribunales internacionales que vinculan a España; delimitar las garantías del imputado, del acusado y también del condenado; repartir los papeles de acusador y de garante de las libertades, y para ello proponemos potenciar la facultad directora de la investigación criminal del ministerio fiscal, concentrando al juez en la garantía de las libertades, y por supuesto, en la sentencia. Y desde luego, estamos hablando de la segunda instancia penal, que es la gran cuenta pendiente.

P. ¿Tiene en la cabeza algún procedimiento milagroso para reducir a dos años el proceso penal, después del procedimiento abreviado y de los juicios rápidos?

R. La solución no puede provenir de reducir los plazos de la ley, que son plazos cortos y que, sin embargo, son transgredidos con total normalidad. Ni tampoco de decretar en los telediarios que las sentencias se pongan en dos años. La solución es una combinación de buenas políticas, de incremento de la planta judicial, de premios al rendimiento, una acción disciplinaria y sancionadora frente a los retrasos más injustificables, la sensibilidad social de todos los actores del proceso y, por supuesto, una fuerte potenciación de la evitación de los conflictos. Si a esto unimos justicia de proximidad, reforma de la casación y concentrar al Supremo en lo que le toca, el resultado deberá ser un recorte drástico de las dilaciones más insoportables.

P. ¿Justicia de proximidad quiere decir resucitar la antigua justicia de distrito? ¿Qué jueces se van a ocupar de ella?

R. En el desarrollo constitucional, la realidad no es rebobinable. La realidad de la España de 2004 es distinta del año 1985 en que se suprimió la justicia municipal, pero ahora se plantea la instauración de un primer escalón de jurisdicción con competencias concentradas en pleitos civiles de poca monta y faltas, además de otras de auxilio judicial. Que puede ser un primer destino de jurisdicción y que, además, sirva de puerta de acceso a jueces que puedan incorporarse a la resolución de pleitos desde otras experiencias y fuentes de solvencia complementarias a las del reclutamiento tradicional por oposición. Lo llevaremos a debate en el Congreso escuchando también a los jueces.

P. ¿Cree que debería tenerse en cuenta el cumplimiento del módulo de trabajo a la hora de promocionar a los jueces?

R. Sin duda, y tenemos que garantizar la objetivación de esos módulos y de su cumplimiento. Que la carrera judicial tenga en cuenta el rendimiento y la calidad, sin subterfugios ni trampas, que siempre las hay. Tenemos que garantizar que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hace su parte del trabajo y que el sistema premia a los mejores, y que no existen incentivos para la acumulación de la pendencia ni para el sesteo, pero también que quienes quieran involucrarse en el rendimiento, a través de las herramientas del conocimiento y la modernización tecnológica tienen todo el apoyo.

P. ¿ Cuál va a ser el estatuto personal del nuevo fiscal general del Estado?

R. Vamos a reformar el Estatuto del Ministerio Fiscal en la primera fase de la legislatura y lo vamos a hacer como condición previa a la reforma del proceso penal. El fiscal general propuesto por el Gobierno acudirá al Congreso y se someterá a un trámite previo de audiencia. Tendrá un mandato tasado en el tiempo y estamos dispuestos a contemplar que sea irreelegible para garantizar su autonomía, o que sea reelegible por una sola vez, como sucede con el presidente del Consejo General del Poder Judicial. Y estableceremos causas tasadas de remoción, entre ellas, de manera expresa, el cambio de Gobierno. Este diseño pretende desactivar cualquier sospecha de sumisión del fiscal al Gobierno y al partido del Gobierno. Además, es perfectamente posible, sin dar órdenes, que el Gobierno puede expresar una política criminal y contar para ello con el fiscal general del Estado. Un ejemplo es cuando el Consejo de Ministros acuerda, a través del ministro de Justicia, manifestar al fiscal general del Estado su interés en que dé prioridad absoluta a la persecución de los agresores de mujeres, que vigile al máximo el cumplimiento del régimen de visitas en las separaciones matrimoniales y que en caso de incumplimiento dé la orden de alejamiento y desencadene todo el peso de la ley penal contra los agresores, pidiendo arresto inmediato y prisión provisional.

P. El PP ha dicho que si no sacan ustedes la ley de violencia contra las mujeres en un mes ellos presentan la suya...

R. El PP debe estar tranquilo, que el Gobierno va a cumplir su compromiso en este periodo de sesiones. Debería frenar su discurso más demagógico so pena de que se le recuerde que en toda la legislatura ha estado votando "no" al impulso que ha protagonizado el Grupo Socialista cara a la adopción de esta ley integral.

P. ¿Que les queda por decir sobre la violencia contra las mujeres?

R. Que nos vamos a comprometer absolutamente a tope. Interesando la prioridad absoluta del fiscal, participando activamente en la ley integral contra la violencia de género e impulsando la formación de los jueces. Promoviendo las reformas que atraigan hacia una sola jurisdicción todos los asuntos de violencia de genero y trayendo a los jueces especializados en el orden penal los asuntos civiles y separaciones litigiosas en las que hay problemas e impulsando el peso de la ley contra los agresores. De manera ejemplar y ejemplarizante. A ese respecto, puedo decir que no habrá indulto ni gracia para los agresores de mujeres.

P. El PP proyectaba un divorcio en menos de tres meses. ¿ Con ustedes cuál será el plazo desde la ruptura hasta el divorcio?

R. Estamos convencidos de que la simplificación del régimen matrimonial y del régimen jurídico de separación y disolución no solamente agilizará la justicia civil, sino que contribuirá a desactivar muchas de las situaciones conflictivas que desembocan en violencia. Un alto porcentaje de las situaciones de violencia de género se producen en ese período crítico de interminables o agónicos trámites procesales de disolución del régimen matrimonial y económico. Vamos a actuar ahí con fuerza para agilizar, hasta hacer prácticamente inmediato el divorcio consensual y simplificar enormemente el divorcio causal por cesación del vínculo afectivo. Actualmente pasan muchos meses, a veces un año desde la demanda de separación hasta la adopción de medidas provisionales. Vamos a intentar que lo que actualmente puede durar casi un año se pueda producir en menos de dos meses.

P. Tendrá que regular también el matrimonio entre personas del mismo sexo... ¿Con o sin adopción?

R. Este es un asunto que vamos a acometer por compromiso con la ciudadanía y por convicción, porque estamos hablando de derechos fundamentales de ciudadanos de este país, independientemente de la orientación sexual. Vamos a intentar generar un debate presidido por la razón cívica y democrática, desde la evidencia de que hoy los homosexuales pueden adoptar, pero tienen que hacerlo como si fueran solteros, ocultando sus formas de convivencia en pareja. Es lo que sucede en la práctica. Es preciso, por tanto, abrir paso a una regulación por ley de las uniones matrimoniales entre personas del mismo sexo con la normalidad de una sociedad que no discrimina en el ejercicio de derechos fundamentales y civiles en función de la orientación sexual de las personas. Conllevará abrir paso a una forma jurídica de convivencia matrimonial entre personas del mismo sexo y el objetivo es que signifique la normalización del ejercicio de todos los derechos, con las garantías debidas a los derechos de los menores y de la infancia.

P. ¿Se haría en una primera fase la regulación del matrimonio entre personas del mismo sexo y después las demás hipótesis?

R. Lo primero, el matrimonio, y lo traeremos a debate al Congreso y al conjunto de la sociedad. Pero creo que la sociedad tiene derecho a saber que hay muchos menores necesitados de un entorno de cariño y protección que muchas personas están deseando ofrecer, independientemente de su orientación sexual, sin sufrir ninguna discriminación. Y la sociedad tiene derecho a saber que esto ya está teniendo lugar en la realidad, sólo que bajo la cobertura de una adopción en solitario. Este es un sinsentido que no se debe sostener porque no expresa sino una discriminación por razón de orientación sexual que es incompatible con la Constitución.

P. ¿El control de los imames en las mezquitas lo va a desarrollar el Ministerio de Justicia?

R. Todo lo que afecte a la relación con las confesiones religiosas es competencia del Ministerio de Justicia. Vamos a impulsar las relaciones de cooperación con las comunidades islámicas, sin perder de vista que la Constitución supedita la libertad religiosa en sus manifestaciones al orden público y, consiguientemente, a la seguridad. Y lo vamos a hacer convencidos de que ellas son las primeras interesadas en aislar los focos, muy minoritarios, de integrismo o incitación a la violencia. Y, sobre todo, sin amenazar derechos como la libertad de pensamiento, de creencias, de expresión y de culto. No habrá censura previa, pero sí potenciaremos el seguimiento y el conocimiento que merece el Islam en España, en la medida que tiene una presencia socialmente creciente. Hace 20 años era muy minoritaria la práctica de esta religión en España y hoy congrega a más de medio millón de creyentes en nuestro territorio.

P. ¿Va a retocar alguno de los delitos del Código Penal de la etapa de Michavila?

R. El Código Penal es una pieza crucial del ordenamiento jurídico. No debe reformarse por la sola mayoría, ni siquiera absoluta, de un partido. La mayoría absoluta del PP en la legislatura anterior nos dio ejemplos insuperables de cómo no se reforma el Código Penal. Ofreceremos consenso sin aspavientos para revisarlo. Y ofreceremos consensos básicos para modificar aquellos excesos de la legislatura anterior de sentido más claramente propagandístico y antisocial, que los hubo.

P. ¿Conoce alguna receta para evitar la guerra que mantienen el Tribunal Constitucional y el Supremo?

R. Para reforzar la convivencia entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional se pueden impulsar reformas legislativas. Y lo haremos. La reforma de la casación, para garantizar esa función que asegura la uniformidad de las leyes, y una reforma del acceso al Tribunal Constitucional por la vía de amparo. Delimitando mejor las funciones de uno y otro órgano, en especial en la protección de derechos fundamentales, se puede ayudar a que esas situaciones de colisión, por otra parte contadas en número, tiendan a cero.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 17 de mayo de 2004