La trascendencia de la moratoria en la Ley de Calidad

Diez años de vigencia de la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE) fueron bastantes para que se pusieran de manifiesto en nuestro sistema educativo algunas insuficiencias y no pocos efectos perniciosos derivados de su implantación con lo que la realidad vivida en las aulas durante esos años fue otra bien distinta a la prevista por sus promotores. Un grave deterioro de la calidad de la educación y del clima escolar hizo que cundiera la alarma.

En su afán de procurar una formación general a todos los escolares no reparó en la reducción de los contenidos y se accedía a las etapas superiores con tan escasos pertrechos que los alumnos afrontaban éstas sin la preparación adecuada y sin garantías de éxito. No obstante, la gravedad del problema se escamoteaba con la aplicación del principio de la promoción automática con lo que los escolares carecían de la motivación y estímulos necesarios.

Pero, lejos de conseguir su propósito, pronto se advirtió que una parte del alumnado no sólo no mostraba entusiasmo por cuanto le ofrecían en las aulas sino más bien desafección de éstas, de las que se ausentaba con frecuencia -la expresión objetores de las aulas es harto elocuente- y cuando asistía a clase provocaba situaciones de indisciplina. El profesorado, por su parte, se sentía inerme en muchos casos para afrontar con solvencia y eficacia los nuevos problemas y cayó en el desaliento y la frustración.

En tales circunstancias, con una ley que no satisfacía las nuevas demandas de la educación, el Gobierno del Partido Popular, después de un riguroso estudio y de las pertinentes consultas a todos los sectores del mundo de la educación, alumbró la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) con la que se proponía remediar los males descritos.

Se han modificado los contenidos curriculares de materias tenidas por fundamentales como lengua y matemáticas y, mediante la supresión de la promoción automática, se trata de hacer ver que el estudio es una actividad que requiere del esfuerzo. Por otro lado, el establecimiento de los itinerarios con asignaturas comunes y específicas a partir del tercer curso de la ESO permite adaptar las enseñanzas a las capacidades y habilidades diversas de los alumnos, no su exclusión o segregación como aviesamente se ha visto por algunos.

La Prueba General de Bachillerato, que no reválida, se concibe con una doble finalidad: aproximar nuestro sistema al que rige en los países europeos en que solemos mirarnos y homogeneizar las condiciones para la obtención del título de bachiller en la enseñanza pública y privada.

El desarrollo de la enseñanza de los idiomas en todos los niveles educativos, el fomento del uso de las nuevas tecnologías en las aulas y la atención a los alumnos con altas capacidades constituyen otros tantos avances de una ley, la LOCE, que viene a reducir las elevadas tasas de fracaso escolar y a devolver la motivación a alumnos y profesores.

A nadie se le ocultan las consecuencias que el anuncio de la moratoria en la aplicación de esta ley ha de tener: por un lado, el desconcierto que se apodera de las familias, de los centros, del profesorado y de las editoriales que se habían aprestado a disponer lo necesario para la implantación del nuevo sistema; por otro, y ello es sin duda lo que mayor inquietud nos produce, el anunciado retraso de al menos dos años privará a varias promociones de jóvenes de los beneficios que esta reforma suponía y, lo que es más importante, de la enseñanza de calidad que está reclamando nuestra sociedad.

Francisco Javier Álvarez Guisasola es consejero de Educación, del PP, de la Junta de Castilla y León.