Residuos fuera de la circulación

Cuando hace cuatro años la Administración andaluza, en cumplimiento de una ambiciosa directiva europea, comenzó a diseñar los planes que harían posible la desaparición de los clásicos cementerios de coches, se anunció que serían 38 los centros que en toda la región ejecutarían los nuevos procedimientos de recogida y descontaminación de vehículos fuera de uso. Hoy funcionan ya 32 instalaciones de este tipo y, sin embargo, no parecen suficientes para atender la demanda, hasta el punto de que se están tramitando 66 nuevas autorizaciones.

Este significativo aumento parece indicar la progresiva desaparición o reconversión de los más de 500 depósitos irregulares de vehículos en desuso que se contabilizaron en toda la región a comienzos de esta década y la imposibilidad de obtener la baja de un automóvil si, por ejemplo, este ha sido sencillamente abandonado en la vía pública.

Desde el pasado mes de febrero cualquier persona o entidad que quiera dar de baja un vehículo tiene que realizar dicho trámite en uno de estos nuevos centros, aportando toda la documentación que anteriormente se presentaba en las direcciones provinciales de Tráfico. Lo que ahora se obtiene es un certificado de destrucción, que por un lado acredita la baja definitiva y por otro garantiza el correcto tratamiento de los residuos. Dicho de otra manera, ya no es posible obtener la baja de un automóvil si, por ejemplo, este ha sido sencillamente abandonado en la calle.

De los más de tres millones de vehículos que componen el parque móvil de Andalucía se calcula que cada año dejan de circular alrededor de 150.000, cifra que, según estimaciones de la propia Administración, rebasará las 170.000 unidades en algo menos de dos años. Con este volumen de desechos, la comunidad se coloca en el tercer puesto a escala nacional, tan sólo superada por Madrid y Cataluña. En toda España este cómputo superó el pasado año el millón cien mil unidades, que en la actualidad deben conducirse a alguno de los 264 centros de tratamiento homologados, aunque, como en el caso de Andalucía, se están tramitando ya 234 nuevas autorizaciones.

Este tipo de bienes, por su sofisticación y tamaño, reúnen un importante volumen de materiales de desecho, de muy distinta naturaleza y composición. En total, y de nuevo tomando como referencia las estimaciones para este mismo año, los vehículos que queden fuera de uso en Andalucía sumarán algo más de 120.000 toneladas de residuos, entre los que destacan las piezas de hierro (84.000 toneladas), los plásticos (10.000 toneladas), los metales no férricos (5.800 toneladas), el caucho (4.800 toneladas) y el vidrio (4.200 toneladas).

Aunque en peso no sean tan relevantes como otros materiales, los aceites y grasas (1.200 toneladas) y combustibles (360) requieren, junto a otras sustancias altamente contaminantes (líquido de frenos, gases de refrigeración o baterías), procedimientos especiales para evitar su vertido incontrolado. De hecho, un buen número de los requisitos que han de cumplir los nuevos centros de tratamiento están orientados a la correcta neutralización de este tipo de sustancias peligrosas, con circuitos cerrados para la depuración de las aguas utilizadas en el lavado de los motores o sistemas que permiten el confinamiento de los gases de efecto invernadero.

Al margen de las subvenciones que la Consejería de Medio Ambiente ha destinado a este tipo de instalaciones, con un máximo de 93.000 euros por centro, la rentabilidad de estas empresas parece garantizada a través de la comercialización de aquellas piezas que pueden ser reutilizadas y, sobre todo, por la venta de chatarra destinada a acerías.

El correcto tratamiento de un vehículo fuera de uso viene a costar unos 120 euros y, a corto plazo, no parece que este gasto supere los ingresos que se obtienen al colocar en el mercado algunos de sus componentes. En cualquier caso, y como han dejado bien claro las autoridades de Bruselas, si el procedimiento fuera deficitario no sería el propietario del vehículo el que estaría obligado a equilibrar esta balanza, sino que la aportación de recursos económicos vendría del lado de los fabricantes.

Si las obligaciones que marca la directiva europea se cumplen en los plazos previstos, esta fórmula de financiación podría terminar por imponerse, ya que las tasas de obligado reciclaje y/o reutilización irán aumentando con el paso de los años, encareciendo todo el proceso. Si en 2005 esta tasa debe alcanzar el 85% del peso total del vehículo, en 2015 ha de situarse en el 95%, lo que en la práctica supone buscarle a todos los elementos algún tipo de aprovechamiento que no sea agresivo con el medio ambiente, algo que no es sencillo en algunos casos, como el de los parabrisas en los que se mezcla el vidrio con sustancias plásticas.