El futuro de Cenicienta

EL PRESIDENTE ZAPATERO ratificó el pasado martes en el Senado -durante el primer pleno de la VIII legislatura- su compromiso electoral de promover ciertas reformas parciales de la Constitución, incluido el artículo 69, referido a la Cámara alta. La comparecencia también pretendía reparar los superfluos agravios sufridos por esta rama del poder legislativo a manos del PP durante su mandato: como si el Senado no tuviese ya bastante con su subalterno papel de Cenicienta respecto a la Cámara baja, que impone su voluntad en caso de discrepancia y que dispone del monopolio de nombrar y de destituir al presidente del Gobierno. Aznar interrumpió, a partir de 1997, el uso parlamentario del debate anual sobre el Estado de las Autonomías, y manipuló fraudulentamente el funcionamiento del Senado como Cámara de segunda lectura a fin de sustraer al Congreso el debate sobre leyes orgánicas protectoras de derechos fundamentales.

La transformación del Senado en la "Cámara de representación territorial" del Estado de las Autonomías necesita que el grupo parlamentario del PP acepte la reforma del artículo 69 de la Constitución

La Constitución de 1978 respetó el diseño bicameral del poder legislativo trazado por la Ley para la Reforma Política de 1976; aunque emparentada nominalmente con las tradiciones de la monarquía constitucional, la Cámara alta perdió por completo su viejo contenido aristocrático y asumió teóricamente un carácter federal. Pero la definición del Senado como "Cámara de representación territorial" de un Estado de las Autonomías que se hallaba aún en fase de construcción fue programática; sólo cuando el mapa autonómico quedó cerrado en 1983 comenzó a ser posible la materialización del artículo 69

Sin embargo, los esfuerzos realizados durante las dos últimas décadas en esa dirección han sido vanos. La modificación del reglamento del Senado en 1994 y la creación de una Comisión General de Comunidades resultaron inútiles. Las ponencias de estudio puestas en marcha dentro de la Cámara, entre 1993 y 2000, para discutir una eventual reforma constitucional orientada en ese sentido tampoco alcanzaron conclusiones operativas.

Durante la anterior legislatura, el proyecto de transformar al Senado en la "Cámara de representación territorial" del Estado de las Autonomías pasó a mejor vida. Aunque Aznar propugnara hace 10 años la reforma de la Constitución como condición sine qua non para ese objetivo (España. La segunda transición. Espasa Calpe, 1994), el anterior presidente del Gobierno dio un giro de 180 grados nada más llegar al poder y calificó como crimen de lesa patria cualquier propuesta de revisión de la norma fundamental. Un documento elaborado a comienzos de 2001 por el grupo parlamentario del PP para diseñar las grandes líneas del Senado del siglo XXI se limitó a proponer innovaciones menores (un "observatorio autonómico" y un debate bienal sobre cooperación comunitaria) y a resaltar su labor como Cámara colegisladora subalterna. Pero ni siquiera las tareas de segunda lectura fueron respetadas por el Gobierno de Aznar: el funesto ministro Michavila hizo un uso filibustero del Senado para colgar en diciembre de 2003 una grotesca enmienda a la ley de minirreforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial destinada a acompañar una ley mercantil de arbitraje, y para introducir así de matute en el Código Penal un tipo delictivo de convocatoria ilegal de referendos confeccionado a la medida del lehendakari Ibarretxe.

Sin embargo, la cauta contestación dada el pasado martes por el portavoz del PP, Pío García Escudero, a la genérica propuesta del presidente del Gobierno sobre eventuales reformas de la Constitución, el Senado, los Estatutos y la financiación autonómica entreabre las puertas a una eventual negociación entre los dos grandes partidos nacionales, cuya concertación resulta jurídicamente imprescindible para alcanzar mayorías cualificadas y políticamente necesaria para afrontar las grandes cuestiones de Estado. Dentro de esa agenda figura con carácter preferente la transformación del Senado en la "Cámara de representación territorial" que la Constitución ordena. No será fácil confeccionar el traje de esa Cenicienta colegisladora subalterna por mandato constitucional, determinar las nuevas competencias, regular las relaciones con el Congreso y fijar el sistema de elección de sus miembros. Pero mucho más difíciles eran los problemas en 1978 y terminaron por solucionarse.