El Gobierno afronta las dudas de Bruselas por las ayudas al carbón

El Ministerio de Industria solicitó el pasado día 5 de mayo a la Comisión Europea un aplazamiento en los plazos para informar sobre las ayudas concedidas por el Ejecutivo español a la minería del carbón. La solicitud responde a una comunicación enviada el 30 de marzo al Gobierno español (entonces en funciones) por la comisaria de Energía, Loyola de Palacio, y en la que se informa de que Bruselas ha decidido abrir un procedimiento de investigación formal sobre las ayudas aprobadas para el sector de la minería del carbón a partir de 2003. El Gobierno pide un aplazamiento para afrontar un asunto "heredado y que tiene su origen en la falta de fluidez de las relaciones entre el anterior Gobierno del PP y la UE", según un comunicado remitido anoche por Industria.

El problema es que España ha seguido aplicando el Plan de la Minería 1998-2005 sin tener en cuenta que en 2002 entró en vigor un nuevo reglamento por el que el sector del carbón sólo puede recibir ayudas en razón del impacto social y territorial de su reestructuración y para acometer un plan de cierre o de reducción de su actividad, y no para acceder a nuevas reservas de carbón. Según fuentes de Industria, el anterior Gobierno recibió peticiones de información, por parte de Bruselas, en febrero y en julio de 2003. Tras diferentes intercambios de cartas y un año y medio después, la Comisión decidió abrir un procedimiento de investigación formal. Industria se compromete a negociar soluciones con Bruselas y todas las partes implicadas y "lamenta que en año y medio los anteriores responsables gubernamentales del sector energético no lograran la tramitación satisfactoria de este asunto".

Sin permiso

La apertura de la investigación ha provocado revuelo en Asturias. El secretario general del sindicato SOMA-FIA-UGT, José Ángel Fernández Villa, aseguró que el documento de Bruselas esgrime que el cierre de la empresa estatal minera Hunosa, la mayor compañía carbonera española, debía haberse producido en 2002, "en tanto que sólo recibía ayudas para el cierre". Según Fernández Villa, la Comisión considera que España empezó a abonar las ayudas públicas de 2003 al sector carbonero sin su permiso, por lo que ahora podría reclamar su devolución.

Hulleras del Norte, SA (Hunosa) es una empresa deficitaria desde que se constituyó, en 1967, a resultas de la nacionalización de las explotaciones carboneras de los valles asturianos del Caudal y del Nalón. Hunosa, que llegó a tener 26.000 mineros en plantilla y 23 explotaciones, cuenta en la actualidad con 4.674 trabajadores, nueve pozos y dos lavaderos de mineral. El año pasado perdió 82 millones de euros, después de subvenciones (otros 90 millones). El principal reto del nuevo presidente será garantizar la inclusión de Hunosa en la llamada reserva estratégica de carbón de la UE. Sólo las minas de carbón que la Comisión Europea incluya en este grupo podrán recibir ayudas públicas después de 2007. Y sin ayudas estatales Hunosa no podría sobrevivir.