Argentina investiga posibles prácticas de monopolio en el mercado del gas
El ministro de Economía argentino, Roberto Lavagna, ha pedido a la oficina de Defensa de la Competencia una "investigación profunda" del mercado del gas licuado, que consumen más de 4,5 millones de personas no conectadas al gas natural. El estudio se extenderá durante 60 días y se propone "detectar las prácticas desleales" en la cadena de producción y comercialización. Según Lavagna, las empresas no cumplieron los acuerdos de 2003 para mantener el precio de la bombona de butano. El ministro quiere saber si algunas empresas "han incitado a acuerdos, a prácticas concertadas entre los pocos competidores del mercado".
Las investigaciones afectan a Repsol YPF Gas, filial de la petrolera española, a la francesa Totalgaz, a la angloholandesa Shell Gas y a la argentina Coopetel. Lavagna recordó que en 2003 se multó con 40.000 dólares a éstas y otras por "pactar precios", "repartirse el mercado" y "abuso de posición dominante". Repsol ya había afrontado antes multas de 40 millones de dólares por infracciones.
El ministro justificó la decisión de investigar un mercado de precios libres en los aumentos supuestamente injustificados aplicados el último año. Según Lavagna, "han subido desde el momento de la devaluación del peso alrededor de 95%", por lo que se han adoptado dos medidas: la investigación y la subida del impuesto a la exportación. El presidente argentino, Néstor Kirchner, ha elevado por decreto del 20% al 25% el porcentaje de las llamadas "retenciones" (especie de impuesto directo) que se aplica a las exportaciones de petróleo.
Los empresarios del sector, entre ellos Alfonso Cortina, presidente de Repsol YPF, y Alberto Guimarães, de la brasileña Petrobras, se enteraron cuando Kirchner hizo el anuncio el pasado martes por la noche, tras el acto convocado para presentar el plan contra la crisis energética, que incluye la creación de Enarsa (Energía Argentina, sociedad anónima), una nueva petrolera estatal que reemplazará a la privatizada YPF. La subida se extiende a todos los carburantes. La gasolina, antes exenta, tiene una tasa del 5%; el gasóleo sube del 5% al 10% y los GLP (propano y butano) del 5% al 20%.
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