Lula sanea las cuentas y aparca el gasto social

Frente al Ministerio de Hacienda de Brasil, un grupo de funcionarios en huelga pide mejoras salariales y exige a gritos ser recibido por el ministro. La escena se repite con frecuencia últimamente en la explanada de los ministerios de Brasilia. Un día son los empleados públicos; otro, los Sin Tierra; otro, los trabajadores de los bingos; otro, los indios amenazados por buscadores de diamantes... Todos acuden a la capital a protestar contra el Gobierno. En el interior del edificio, en una sala próxima al despacho del ministro, funcionarios del FMI repasan montones de papeles. El jefe de la misión, Phil Gerson, dice que Brasil está cumpliendo todas las condiciones del acuerdo firmado el año pasado.

Son los contrastes de Brasil desde la llegada, el 1 de enero de 2003, del primer Gobierno de centro-izquierda encabezado por un antiguo sindicalista como Luiz Inácio Lula da Silva. El presidente recibe los parabienes del mundo de las finanzas y es elegido uno de los 100 hombres del año -el único líder latinoamericano- por la revista estadounidense Time, pero empieza a ser censurado por muchos de sus votantes, que no ven el cambio prometido. El ministro de Hacienda, Antonio Palocci, es para estos últimos la bestia negra del Gobierno, por su política de ajuste fiscal. Sus defensores, en cambio, estiman que es la garantía de seriedad económica. La verdad es que este médico de pueblo que ni siquiera es economista dio un salto mortal en política cuando Lula ganó las elecciones. Miembro fundador del Partido de los Trabajadores (PT), Palocci pasó de concejal de una localidad del Estado de São Paulo al puesto clave del nuevo Ejecutivo. De este hombre tímido depende en buena parte la política económica de Brasil, un país de 170 millones de habitantes, y el diálogo con el mundo financiero que recibió a Lula con tanta expectación como desconfianza. No lo tenía fácil el nuevo ministro, quien mostró desde el primer día una verdadera obsesión por controlar la inflación, una plaga que Brasil, como otros países del área, ha padecido en su historia reciente. "Hemos tenido mucho éxito", dice Palocci. "A fines de 2002, la inflación era del 40%, hoy es del 12,5%. La expectativa para este año es del 6%, y el año próximo, el 5%".

Un senador de la oposición replicó esta semana que "parece que el Gobierno de Lula es el Gobierno de los números y no de los ciudadanos". El ministro responsable de las cuentas públicas responde: "Cuando llegamos al Gobierno había la perspectiva de un número terrible en el caso de la inflación. Y resulta que este número tiene mucho que ver con la renta real de los trabajadores y de las personas más pobres".

Más cifras: según Palocci, el Gobierno ha ampliado los programas de transferencia de renta a los más pobres, que pasaron de 2.200 millones de reales (758 millones de dólares) en el año 2002 a una inversión de 5.500 millones de reales (1.896 millones dólares) el año en curso. "Son números que afectan a una parcela enorme de Brasil. Son 3,7 millones de familias que reciben ese beneficio de la bolsa-familia, casi 15 millones de personas", asegura el ministro.

"La crisis de 2002 provocó una recesión que duró todo el primer semestre del primer año del Gobierno de Lula. Hay que recordar que hubo una fuga importante de capitales en el segundo semestre de 2002 [cuando todas las encuestas pronosticaban el triunfo electoral del PT]". Suenan razonables los argumentos de Palocci, que subraya que su política no contiene invento alguno, sino altas dosis de racionalidad. "No se sale de una crisis sin rumbo; es necesario poner orden en la economía para que el país vuelva a crecer, el empleo y el ingreso de las personas". Para ello, el Gobierno mantiene un superávit fiscal del 4,5% del PIB, superior incluso al exigido por el FMI.

El gran debate en la sociedad brasileña, que incluye al PT y al propio Gobierno, es el precio que para los sectores más pobres tiene la disciplina fiscal. "Hicimos un ajuste fuerte, pero conseguimos cerrar el año pasado con cuatro trimestres creciendo un 1,5%, que anualizado significa el 6%. La expectativa de crecimiento para este año es de 3,5%", dice Palocci. Mantener en buen estado las cuentas públicas significa que el Estado no puede invertir para obtener los logros sociales prometidos en campaña. Lula prometió demasiado, repiten los críticos del presidente. La seriedad o la rigidez económica del Gobierno ha levantado los ánimos de numerosos sectores tras la decisión de aumentar sólo en 20 reales (6,9 dólares) el salario mínimo. "Decidimos el aumento que la economía puede soportar, ya que el salario mínimo tiene un gran impacto en las cuentas de la Seguridad Social", replica Palocci. Una comisión parlamentaria revisará el aumento acordado.

En un punto coinciden sectores de izquierda y de la oposición conservadora: la política del Gobierno de Lula es una continuidad de su antecesor, Fernando Henrique Cardoso. El secretario del Tesoro, Joaquim Levy, lo niega rotundamente: "Estamos haciendo cambios radicales que no se veían en Brasil desde hace 40 años. Impulsamos una serie de reformas, de proyectos de ley que afectan a la vida de las personas, como en obras públicas, en la regulación de la energía eléctrica, el acceso de las empresas al crédito". Según Levy, la estrategia de desarrollo de Brasil tiene tres ejes: "Responsabilidad fiscal y monetaria que permita mantener baja la inflación y cumplir los contratos; protección social y transformación del aparato fiscal para mejorar la distribución de renta, e iniciativas empresariales como ley de recuperación de las empresas, microcréditos, apoyo al comercio exterior y ley de renovación de tecnologías".

Pese al optimismo de Palocci y Levy sobre el futuro del Brasil, ni en el PT ni en el Gobierno hay unanimidad. Palocci reconoce que en los Consejos de Ministros hay voces, "que no son del área económica", que proponen reducir el superávit para tener más recursos para el área social.