Entrevista:JOSÉ ANDRÉS BURGUETE | Consejero navarro de Vivienda | LOS PROBLEMAS DE LA VIVIENDA

"Es preciso un baremo único para controlar las adjudicaciones"

A la obligación legal de dedicar a vivienda protegida el 50% de las nuevas promociones, única en España y vigente desde 2003, el Gobierno navarro ha sumado ahora un proyecto de ley que crea un baremo y registro únicos para controlar la adjudicación de los pisos. La ley tiene asegurada su aprobación y estará en vigor este verano. El consejero de Vivienda, José Andrés Burguete (CDN), defiende la conveniencia de supervisar a los promotores, sean estos ayuntamientos, sindicatos o empresas.

Pregunta. ¿Es necesario un control centralizado del acceso a la vivienda protegida?

Respuesta. Por supuesto. La experiencia que Navarra ha vivido estos últimos años en Sarriguren lo ha demostrado. El Gobierno vendió el suelo en concurso a ocho promotoras para edificar 1.030 viviendas y el resultado fue un galimatías de ocho baremos distintos que dificultó analizar la corrección en la entrega de pisos a los más de 10.000 demandantes.

P. Y la respuesta gubernamental ha sido un baremo único y un registro central.

R. Sí, y de obligado cumplimiento también para las iniciativas privadas que hasta ahora no estaban obligadas a adjudicar sus viviendas protegidas mediante baremo. Da igual que las promotoras sean entidades locales, Gobierno foral, sindicatos o promotoras privadas. Y la recogida de datos y baremación pasará a centralizarse en una sociedad pública. Los promotores tendrán que adjudicar los pisos según los listados que se les transmitan.

P. ¿Qué opinan los ayuntamientos?

R. Los municipios fueron parte del proceso de reflexión y el proyecto es fruto de una negociación previa con la Federación Navarra de Municipios y Concejos y la Mesa del Suelo, donde estuvieron presentes los municipios de la comarca de Pamplona. Los ayuntamientos tenían distintos baremos que, en general, primaban a los solicitantes vecinos sobre el resto. Eso se ha acabado, si bien los municipios que hagan esfuerzos en vivienda protegida serán recompensados.

P. ¿Cómo?

R. Permitiéndoles que las promociones realizadas sobre suelo producto de la cesión del 10% del aprovechamiento urbanístico puedan adjudicarse a los empadronados en cada localidad. En el resto de las promociones entrarán todos los demandantes navarros de vivienda.

P. Un informe de la Defensora del Pueblo de Navarra pidió clarificar los criterios de adjudicación en las promociones sobre suelo público. ¿Cree que ha existido fraude?

R. Decir eso quizá sea excesivo, pero está claro que queremos mayor transparencia y objetividad.

P. Varios cientos de propietarios de pisos protegidos exigen la venta en el mercado libre de sus viviendas. ¿Qué ocurre?

R. Hasta este momento, el régimen de protección en Navarra era de veinte años. Finalizado el plazo, se podían vender en el mercado. Pero existían cuatro supuestos de descalificación anticipada: incremento de la unidad familiar, ruptura de la pareja, cambio de ubicación o, pasados doce años, devolución de las ayudas públicas. La ley elimina los supuestos injustos donde existía un riesgo de picaresca, como el cambio de ubicación laboral, la separación o divorcio o la devolución anticipada de las ayudas. No podemos permitir una fuga permanente al mercado libre de viviendas construidas y adquiridas con el esfuerzo de todos.

P. ¿Cómo vigilarán que los pisos protegidos sean ocupados realmente por sus adjudicatarios?

R. Lo haremos y no nos temblará el pulso. La vivienda debe cumplir el fin social para el que se ha construido. Introducimos el principio de expropiación. Damos tres requerimientos y seis meses de plazo. Vamos a impulsar un plan de vigilancia contra la picaresca, en colaboración con el Departamento de Economía y Hacienda, utilizando todos los resortes posibles, incluso la Policía Foral si fuera preciso, para supervisar la realidad de las ocupaciones.

P. La ley reserva porcentajes del 3% de cada promoción a determinados colectivos.

R. Lo hacemos por discriminación positiva hacia esos grupos, discapacitados graves, familias numerosas, víctimas del terrorismo y de la violencia de género.

* Este artículo apareció en la edición impresa del domingo, 09 de mayo de 2004.

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