Una ONU paralela
De forma poco perceptible, la ONU está cambiando profundamente. El Consejo de Seguridad va dando unos pasos que pueden llegar a construir en torno a este órgano una estructura paralela a la de la Secretaría General, y otros que lo están convirtiendo en una instancia legislativa mundial, pese a su falta de representatividad. En la primera tendencia, el caso más reciente es la creación del Comité de la Lucha contra el Terrorismo, que quiere designar un secretariado permanente a cuyo frente podría estar el español Javier Rupérez, hasta ahora embajador de España en Washington. Pero hay otros precedentes, como UNSCOM, la Comisión Especial, dependiente del Consejo de Seguridad, encargada de controlar el desarme de Irak entre 1991 y 1998, y que, dada la no aparición de las armas de destrucción masiva, tuvo éxito en su labor. Por el contrario, la UNMOVIC que llevó Hans Blix era un ente híbrido, entre la Secretaría General y el Consejo. La posibilidad de que surja una ONU paralela, impulsada también por EE UU, que tiene poca fe en la "Organización" actual es real. Además, al depender del Consejo, EE UU tendría derecho de veto sobre esta capacidad normativa.
Por otra parte, el Consejo de Seguridad se ha puesto a legislar, lo que no deja de ser paradójico en unos momentos de baja de los tratados internacionales, al menos para la mayor potencia del mundo: EE UU. El Consejo de Seguridad le permite, además, legislar en materias como la lucha contra el terrorismo o la proliferación nuclear, que estaban reguladas entre Estados, pero no pensadas para hacer frente a agentes no estatales, como Al Qaeda. En este sentido va la Resolución 1.373 aprobada el 28 de septiembre de 2001, poco después del 11-S, que fija medidas de lucha contra el terrorismo. O la 1.541, de hace doce días, que equivale a una ampliación del Tratado de No Proliferación Nuclear de 1970, y que ha causado una gran polémica. Bush la propuso en diciembre pasado, y se ha tardado pocos meses en negociarla. Esta resolución obliga a todos los 191 Estados miembros de la ONU a "adoptar y aplicar" legislaciones nacionales en ese sentido y adaptarlas a las nuevas amenazas surgidas tras el 11-S, con un sistema de control por parte del Consejo de Seguridad sobre su cumplimiento.
Es sabido que las resoluciones del Consejo de Seguridad son de obligado cumplimiento por los Estados miembros de la ONU. Pero la citada última resolución equivale a un Tratado, obliga a los Estados a legislar, y convierte así al Consejo de Seguridad en un órgano legislador o al menos normativo. Ahí surge el problema. Pues el Consejo de Seguridad, con 15 miembros de los cuales cinco son con derecho de veto (EE UU, China, Rusia, Reino Unido y Francia), se diseñó en 1945, se amplió en 1963, pero ya no es representativo del mundo actual. India, que aspira a ser miembro permanente de un Consejo ampliado, expresó su temor a que este paso cambie "las bases del marco jurídico internacional". Además, en este proceso legislador no intervienen los Parlamentos en detrimento de la democracia, donde existe.
Algunos cálculos estiman que, para ser relativamente representativo de los Estados (no ya de las poblaciones) existentes, el Consejo de Seguridad tendría que tener un mínimo de 21 miembros, y mejor 24. Es parte de la reforma planteada, y para prepararla, Kofi Annan ha nombrado un grupo de sabios. Pero, como se ve, sin esperar a la reforma oficial, la ONU está cambiando. El Consejo, como señala un diplomático, está "asumiendo realidades políticas". Éstas pueden ser formas de volver a interesar a EE UU en la ONU. Pero también de desvirtuar la única organización verdaderamente global que existe.
