La 'ecomafia' saquea Italia

En 2003, a contracorriente de una economía estancada, la facturación de 169 clanes especializados en la destrucción del medio ambiente, creció en un 14,2%, superando los 18.900 millones de euros de negocio. Ése es el dato a partir del cual hay que entender lo que ha sido una década de desarrollo de la ecomafia en Italia.

El término ecomafia lo acuñó la Legambiente -la organización de defensa del medio ambiente más importante de Italia- en 1994: designaba un cartel de grupos que habían convertido el tráfico y tratamiento perjudicial para el medio ambiente en el centro de su actividad. Esa elección por parte de la organización criminal venía facilitada por una serie de descuidos de los organismos del Estado: la vigilancia oficial sobre la disposición de los desechos se había relajado, favoreciendo con ello movimientos clandestinos de un alcance considerable; se había ido reduciendo el control de los depósitos ilegales, así como también sobre los abusos de las autoridades municipales; en torno a las obras públicas, sobre todo en determinadas regiones, prosperaba una cadena de arriendos y subarriendos que dejaba la puerta abierta a la infiltración de los mafiosos.

Con el Gobierno de Berlusconi, la breve temporada del rigor llegaba a su fin

El Gobierno técnico de centro-izquierda -que dirigía entonces Carlo Azeglio Ciampi- cerró algunas de esas puertas a la ilegalidad, retrasando el crecimiento de la ecomafia, pero sin que verdaderamente acabara con esas organizaciones. El esfuerzo público se centró en el combate al tráfico de desechos, que es el núcleo funcional del negocio de esta mafia. Se aprobó la ley Ronchi -por el legislador que la presentó- que imponía controles más severos, así como también la obligación de reciclar para reducir el volumen de basuras. E incluso el último día de la anterior legislatura, en marzo de 2001, se votó la ley conocida como 53 bis, la norma que castigaba con seis años de prisión (ocho en el caso de material radiactivo) a los culpables de tráfico de esta naturaleza.

Con el Gobierno de Silvio Berlusconi, la breve temporada del rigor llegaba bruscamente a su fin. Las autorizaciones municipales volvían a dar vida a un sector en el que los grupos mafiosos obtenían beneficios más que apreciables. Y sobre el tratamiento de los desechos cayó una desregulación que minaba las bases mismas de la definición del término residuos o desechos, que consentía, por añadidura, la liquidación sin precauciones de ninguna clase de materiales que hasta ayer mismo se habían considerado peligrosos; fue un salto tan brusco que hizo que la propia UE abriera una investigación contra Italia por infracciones cometidas en este campo.

"Llegados a este punto, para relanzar la lucha contra la ecomafia hace falta una estrategia de choque: hay que incluir inmediatamente en el código penal el delito contra el medio ambiente", propone Enrico Fontana, responsable del Observatorio Ambiente y Legalidad de Legambiente. "A partir de ahí hay que hacer exactamente lo que nos pide la Unión Europea, y tanto el Parlamento como la Comisión quieren que este paso legal se dé para 2005. Con la aprobación de esas disposiciones, uno de los delitos por los que se podrá emitir un mandato de captura europeo será el del tráfico de residuos y de especies protegidas. Y es llamativo que Italia, que es el único país de la Unión Europea en el que, gracias a la 53 bis, han sido arrestados 140 traficantes de residuos, no haya acusado recibo de este aspecto de la normativa europea".

A favor de un rápido refuerzo de la legislación contra los delitos medio ambientales se han pronunciado tanto el procurador nacional antimafia, Pier Luigi Vigna -"hay que establecer disposiciones penales que sean disuasivas a la vez que eficaces y que permitan la extradición"- como el presidente de la comisión parlamentaria de investigación sobre almacenaje de desechos, Paolo Russo -"hay que enviar un mensaje claro a los ecodelincuentes, y el castigo del delito ambiental actuará como agente disuasor a nivel político y social".

Pero mientras se anuncia que las cosas van a cambiar, los clanes criminales siguen prosperando. En 2003, se lee en el último informe sobre ecomafia, que los delitos relativos al reciclaje del cemento han aumentado en un 16%, y que el 40% de todas las infracciones contra el medio ambiente se ha concentrado en cuatro regiones meridionales con tradicional presencia mafiosa. Al mismo tiempo y gracias al efecto estimulante de las facilidades municipales bajo el Gobierno de Berlusconi se han construido -invirtiendo la tendencia de disminución de las prácticas abusivas, que parecía haberse consolidado con la detención de un cierto número de ecodelincuentes- 40.000 edificios ilegales, 9.000 más que en 2002, y un 41% más que el año anterior.

Otro sector en el que los negocios de la ecomafia han marchado divinamente es el de la conducción o desagüe ilegal de los desechos: millones de toneladas de sustancias venenosas siguen escapando al control de las autoridades, para ir a parar a los depósitos de la mafia napolitana. Sólo en 2003, según los cálculos de Legambiente, se han volatilizado misteriosamente 13,1 millones de toneladas de residuos especiales: si los pusiéramos todos en una pila formarían una montaña con una base de tres hectáreas -30.000 metros cuadrados- y una altura de 1.314 metros. Una de las zonas del país más afectada es la Campania, en el sur. Muy cerca de Nápoles se halla la llamada tierra del

fuego, donde por la noche la acumulación de residuos abandonados hace que se produzca una gran cantidad de fuegos que despiden emanaciones, llenando el campo de dioxina.

El tercer gran filón del negocio ecomafioso es la trata ilegal de especies animales. Se practica desde la caza furtiva -cada chiringuito preparado para este tipo de fraude ecológico, puede producir hasta 8.000 euros al año- al robo de caballos -5.000 euros- que, muy a menudo, acaban sacrificados ilegalmente. En todo el mundo estas prácticas ilegales sólo le ceden en beneficios al tráfico de armas y de droga, con un volumen de negocio de 120.000 millones de euros al año. Únicamente en Brasil se calcula que cada año se captura, para venderlos de contrabando en el mundo entero, 38 millones de animales salvajes, de los que el 90% muere durante la captura o el transporte.

Por último, hay que mencionar el saqueo del patrimonio arqueológico, histórico y artístico italiano. Siempre en 2003, las organizaciones criminales han dado un impresionante salto que podemos llamar cualitativo: menos robos, pero mejor preparados, según cabe deducir de que de las 18.453 operaciones de esta índole que se conocen, casi 3.000 están consideradas de alto valor económico, mientras que el año anterior fueron solamente 77. Hoy se saquean sistemáticamente los lugares más emblemáticos de la arqueología italiana, como la propia Pompeya; se devasta el extraordinario patrimonio editorial del país, de forma que sólo en julio del año pasado desaparecieron en la ciudad de Bari 35 manuscritos, 30 incunables, 634 obras del siglo XV, y 497 ediciones del XVI; hay robos a comisión de obras como la Nativitá de Caravaggio, el sarcófago de la iglesia de San Saba en Roma y el célebre salero de oro de Benvenuto Cellini, considerado la Gioconda de la orfebrería.

Ésta es una actividad muy productiva, gracias a un sistema extraordinariamente desarrollado de protección y enmascaramiento de todo lo que se escamotea. En Ginebra, por ejemplo, se ha descubierto un almacén-laboratorio en el que se amontonaban obras maestras destinadas a los grandes coleccionistas internacionales y a los grandes museos. De esta forma, tras su procesamiento por una sociedad fantasma y una subasta internacional, antigüedades etruscas y romanas de valor incalculable han acabado en galerías de arte japonesas, alemanas, danesas y australianas.