Bélgica multa al que se equivoque de basura

Los vecinos de Bruselas separan la basura en tres bolsas: una blanca para desechos generales, otra azul para envases y una amarilla para papeles. La blanca se recoge dos veces por semana, y las otras dos, cada siete días. En teoría, un servicio especial de agentes vigila para que no se mezclen los tres tipos y escudriña en las bolsas para identificar a quienes hayan mezclado basuras, para multarles por su falta de civismo. Pero es noticia cuando se decide aplicar tal sanción a quienes, juntando restos de comida con periódicos, entorpecen el reciclaje. Y las aceras siempre están llenas de esas bolsas que sólo deberían dejarse a partir del atardecer de la víspera del día de recogida. Una zona donde se recojan las basuras los lunes tiene garantizada la permanencia de las bolsas desde el viernes por la tarde, que se apilan hasta la retirada vespertina del día correspondiente.

A partir del peculiar sistema de recogida de basuras de la capital de Europa, ciudad sucia donde las haya, la Comisión Europea emitió en 1975 la primera directiva marco sobre residuos. En ella se establece que corresponde a los Estados garantizar que la eliminación o recuperación de los residuos no constituya un riesgo para el agua, el aire, el suelo o los seres vivos, sean plantas, animales o humanos. Los Gobiernos deben velar para que la eliminación de basuras no se convierta en una fuente de molestias porque sea ruidosa o maloliente o que deteriore emplazamientos de interés natural. A ellos corresponde definir las políticas, pero como son los municipios los que deciden y aplican sus propias ordenanzas, en Europa hay tantos sistemas de recogida como ayuntamientos.

La Comisión fijó entonces, hace ya casi 30 años, las directrices generales -la de los residuos estuvo precedida en ese mismo 1975 por la de gestión de los aceites utilizados- y desde entonces ha venido enriqueciendo el acervo comunitario con directivas sobre residuos peligrosos, envases, eliminación de contaminantes orgánicos persistentes, llamados policlorobifenilos (PCB), y sus primos, los policloroterfenilos (PCT), vertederos, vigilancia y control de los traslados, además de entrada y salida de residuos en la UE. El objetivo de tan rica legislación "es impedir que los residuos perjudiquen al medio ambiente y a la salud humana", dice Margot Wallström, la comisaria de Medio Ambiente, consciente de que cada europeo produce un promedio de 3,5 toneladas de basura al año. "A no ser que los Estados miembros se ajusten a la legislación vigente, a lo que se han comprometido, no podrá cumplirse este objetivo fundamental".

El objetivo sólo se cumple a trancas y barrancas, a golpe de apercibimientos y hasta de denuncias al Tribunal Europeo de Justicia, cuyas sentencias no siempre se acatan. A finales de 2002, la Comisión anunció que entablaba procedimientos de infracción contra nueve Estados: Austria, Bélgica, España, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo y Suecia.

Los incumplimientos eran tan variados como el contenido de las bolsas de basura. A Francia se la denunciaba por no haber adoptado un plan de descontaminación, recogida y eliminación de PCB; a Italia por no informar de la gestión de basuras en diversas regiones, y a España a causa de un vertedero en Olvera (Cádiz) con filtraciones al río Salado, así como por la existencia de otro ilegal en la isla canaria de La Gomera. El pasado octubre, la Comisión llevó a España al Tribunal de Justicia por no haber cerrado ese vertedero, en la reserva natural de Puntallana, desde el que todo tipo de basura se precipita al océano.