Protocolo de choque

La anunciada ley integral contra la violencia doméstica, cuya tramitación en el Parlamento llevará algunos meses, no exime al Ejecutivo de impulsar cuantas medidas sean necesarias para atajar inmediatamente las secuelas más trágicas en muertes de mujeres y de otros integrantes débiles del grupo familiar. Se trata, en definitiva, de dotar sin más dilación de la mayor eficacia a la orden judicial de protección inmediata y de enmendar los fallos observados en su aplicación desde su entrada en vigor en agosto pasado.

La orden judicial de protección, a la que se han acogido hasta la fecha 7.800 mujeres, se ha revelado una pieza esencial en la lucha contra la violencia doméstica y es lógico que se incorpore a la ley integral sobre la materia. Sus puntos más debiles, efecto de la insuficiente coordinación entre los juzgados que la dictan y los efectivos policiales que deben vigilar su cumplimiento, se centran sobre todo en la orden de alejamiento del agresor, que, como se ha visto en la práctica, es ineficaz. No está en manos de los poderes públicos entrar en los mecanismos internos que impulsan la acción criminal del agresor, pero sí prevenirla cuando se puede advertir su inminencia o probabilidad, incluso recurriendo a la prisión preventiva.

El protocolo de actuación policial que están elaborando Interior, el Consejo del Poder Judicial y la Fiscalia General del Estado pretende enmendar esos fallos. Los efectivos policiales, escasos, dedicados a tareas de protección o asesoraramiento de mujeres maltratadas deben tener unos criterios claros de actuación, incluida la vigilancia permanente de la potencial víctima mientras el riesgo persista. Algo que falló estrepitosamente en el caso de Alzira, donde una mujer y dos de sus hijos murieron carbonizados en su domicilio, al que prendió fuego el ex cónyuge. Y los jueces deben tener conocimiento inmediato del quebrantamiento de las órdenes de alejamiento, lo que, lógicamente, obliga a la policía a prestar más atención a los movimientos del agresor.

La tarea, como reconoce el propio Gobierno, exige más efectivos policiales, pero también una utilización más rigurosa de las posibilidades legales actuales, como la suspensión del régimen de custodia o de visitas a los hijos para quien quebranta la orden de alejamiento. Si esta medida se aplicara con más rigor se evitarían posiblemente no pocas muertes de menores atrapados en episodios de violencia entre sus padres.