El Gobierno prepara un plan de choque contra la violencia doméstica

El Gobierno se propone establecer un plan de actuaciones urgentes contra la violencia doméstica que estará en vigor hasta que se apruebe la futura ley integral. Tendrá dos ejes principales: extremar el cumplimiento de la normativa actual y mejorar la protección, sobre todo policial, de las mujeres maltratadas por agresores sobre los que pese una orden de alejamiento dictada por los jueces.

Con la fecha en los talones y la cifra de muertes en aumento. El Gobierno, que se ha comprometido a enviar al Congreso el proyecto de ley integral contra la violencia doméstica antes del 30 de junio, prepara un plan de actuaciones de urgencia. Estará vigente hasta que se apruebe la nueva norma, que el PSOE quiere pactar. El objetivo inmediato es frenar la sangría de vidas femeninas segadas por las agresiones de sus parejas o ex parejas.

La secretaria general para las Políticas de Igualdad, Soledad Murillo, anunció ayer que el Consejo de Ministros aprobará el viernes medidas para lograr el cumplimiento "estricto" de las leyes actuales contra la violencia doméstica, con propuestas como la suspensión del régimen de custodia o visita de los hijos o la puesta a disposición judicial de los agresores que violen las órdenes de alejamiento, informa Efe. Aseguró que se hará cumplir la ley para que el agresor que infringe una medida cautelar (como el alejamiento) pase inmediatamente a disposición judicial y que, en función de un atestado "en todo rigor y forma", se tomen medidas de prisión provisional si procede.

Murillo hizo esas declaraciones tras reunirse con las representantes de una quincena de organizaciones de mujeres. Las asistentes salieron satisfechas de un encuentro en el que estudiaron cómo evitar "que una mujer que denuncie a su agresor se coloque en una situación de riesgo", explicó Marisa Sodeto, de la Red de Organizaciones Feministas.

Sin embargo, en medios gubernamentales se mostraban ayer más cautelosos sobre las fechas de aprobación de las medidas esbozadas por Murillo, quien evitó concretar su rango.

Una de las peticiones de las organizaciones de mujeres es que se suspendan las visitas de los padres maltratadores a sus hijos. La reforma penal, que entrará en vigor en octubre, prevé que una persona condenada por malos tratos a su pareja pierda automáticamente la patria potestad y la custodia de los hijos, pero deja a criterio del juez la posibilidad de conceder régimen de visitas, según fuentes jurídicas.

Sobre la puesta a disposición judicial del agresor que quebrante el alejamiento, ya está contemplada en la ley. Se le puede enviar a prisión provisional si lo pide el fiscal o la acusación. Una de las dificultades es que, en ocasiones, los jueces ignoran el incumplimiento. Ésta es una de las cuestiones que se abordarán en el segundo eje de las medidas urgentes: el protocolo de actuación policial que ya está en proceso de redacción. Montserrat Comas, presidenta de la comisión de seguimiento de la orden de protección, encargada de aprobar el protocolo, confía en que quede listo la próxima semana. Incluirá la evaluación del riesgo de cada víctima y la entrega de medios electrónicos de protección.