La primera incineradora vasca de basuras funcionará en verano

La primera incineradora vasca de basuras, que es promovida en Bilbao por la empresa Zabalgarbi, concluirá sus pruebas en menos de dos meses y sus responsables esperan su funcionamiento pleno para principios del verano. "El 95% de la obra civil está terminada", aseguró un portavoz. Las pruebas de la planta, que pretende quemar casi la mitad de los residuos domésticos que se generan en Vizcaya, empezaron en febrero. En mayo se esperan realizar las del círculo completo de funcionamiento de la incineradora. El proyecto supone una inversión de 154 millones de euros.

Zabalgarbi recibirá la planta llave en mano, es decir una vez que hayan terminado todas las pruebas y la incineradora esté en disposición de funcionar en régimen comercial. La explotación correrá a cargo de la empresa VTR, filial del grupo Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), con una amplia experiencia en la puesta en marcha de otras incineradoras europeas.

En febrero, los técnicos empezaron las pruebas en las tuberías y otros sistemas, a lo que siguieron los trabajos con el gas. Ahora se ha empezado a acometer el funcionamiento del horno e incluso se han introducido pequeñas cantidades de basuras. En las siguientes semanas el trabajo se centrará en el circuito completo (el gas y la basura), según aseguró un portavoz de Zabalgarbi. La empresa mantiene su intención de ponerla en marcha, a pleno rendimiento, a finales de junio o principios de julio.

La incineradora, ubicada en las afueras de Bilbao y junto al vertedero municipal de basuras, empezó a construirse en septiembre de 2001. Ocupa 27.000 metros cuadrados de terreno, dentro de las cinco hectáreas propiedad de Zabalgarbi. Pero los promotores deben restaurar otro centenar de hectáreas del entorno, destinadas a área de esparcimiento. "La regeneración ha comenzado aunque continuará una vez que la planta esté en marcha", señala el portavoz oficial.

Los planes de los promotores contemplan la quema de cerca de 230.000 toneladas de basuras al año, de los que 100.000 procederán de los municipios de la Margen Izquierda y las 128.000 restantes provendrán de 90 municipios vizcaínos que han suscrito un convenio. Entre ellos no está el principal, Bilbao, que ha rechazado la incineración y apuesta por su vertedero municipal, en el que ha realizado importantes inversiones en los últimos años. La ausencia de la capital vizcaína obligó a Zabalgarbi a instalar una línea de incineración, en vez de las dos previstas cuando empezó a gestarse el proyecto, hace más de diez años.

Canon de incineración

El canon de incineración que pagarán los municipios ascenderá a 54,6 euros por tonelada, según los datos proporcionados por Zabalgarbi.

La construcción de la planta tiene un presupuesto de 119 millones de euros, que se eleva hasta las 154 si se incluyen la compra de terrenos, carreteras de acceso o conducciones.

Tras el último cambio en el accionariado de Zabalgarbi, al desprenderse uno de los socios del 2% de acciones en favor de otros dos, ahora existe un 43% de capital público y un 57%, privado. En la parte pública, están la Diputación de Vizcaya (20%), el Ente Vasco de la Energía (10%), el Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético, IDAE, (8%), que depende del Gobierno central y es el que se ha rebajado su presencia en un 2%, y la Mancomunidad de Municipios de la Margen Izquierda (5%). En el sector privado, FCC y Sener tienen cada uno el 26%, tras adquirir la parte del IDAE, y la BBK controla el 5%.

El proyecto, pese a estar en su recta final, sigue cuestionado por grupos ecologistas y formaciones políticas. Izquierda Unida tiene tres demandas en los tribunales sobre cuestiones como el plan que dio cobertura al proyecto, la licencia de actividad o el proyecto de urbanización.

Zabalgarbi recibió un espaldarazo importante el pasado año, cuando la Unión Europea avaló la legalidad de la incineradora y propuso el archivo de la denuncia presentada en 2001 por el grupo municipal de IU en Bilbao. La Comisión Europea no ha constatado vulneración de las directivas comunitarias sobre la protección de los hábitats, especies protegidas y aguas subterráneas. Además, ha afirmado que la planta fue sometida a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y se garantizó la participación de los ciudadanos.