Fiscal del Estado

Es importante que una de las primeras manifestaciones del nuevo ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, haya sido reivindicar una actuación del fiscal general del Estado dirigida a la defensa de los intereses generales ante la justicia -legalidad, derechos de los ciudadanos- y no de los particulares del Gobierno que lo nombra. Eso es, en todo caso, lo que demanda el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal de 1981, incluso en su última versión reformada por el anterior Gobierno del PP. Lo que importa ahora es que ese modelo de actuación defina la nueva etapa que se abre con el nombramiento de Cándido Conde-Pumpido al frente del ministerio fiscal.

El nuevo fiscal general del Estado, nombrado ayer por el Consejo de Ministros, reúne las condiciones personales y profesionales para que ese modelo de relaciones con el Ejecutivo se desarrolle y afiance. No sólo es un jurista de reconocido prestigio, con más de 15 años de ejercicio efectivo (requisitos legales indispensables para acceder al cargo, como señala el dictamen del Consejo del Poder Judicial), sino que cuenta con una larga trayectoria profesional -desde juez de instrucción y primera instancia a magistrado del Tribunal Supremo-, en la que que ha dado muestras de rigor e independencia. Conde-Pumpido se ha significado también por su sensibilidad ante problemas como el de la droga, lo que es un indicio de que estará atento a los problemas sociales más acuciantes.

Esa trayectoria avala a la persona, pero ni ella ni las declaraciones de buenas intenciones del Gobierno garantizan que el fiscal general lo sea realmente del Estado y no del partido en el poder. El hecho de que el Gobierno que lo nombra pueda destituirlo en cualquier momento coloca al fiscal general en una situación objetiva de interinidad que condiciona en alguna medida su actuación. Esa situacion debe ser modificada cuanto antes. Los socialistas se comprometieron a hacerlo, estableciendo un mandato de cinco años, renovable y sometido a causas de cese tasadas y objetivadas. Esa medida sí sería un elemento decisivo para asegurar la imparcialidad del fiscal general del Estado que le blindaría frente a demandas interesadas del Ejecutivo sin poner en entredicho las relaciones institucionales que deben mantener entre sí.