El Gobierno catalán envía al fiscal la gestión de un hijo de Pujol en un parque eólico

El Departamento de Medio ambiente del Gobierno catalán ha remitido a la fiscalía las actas de concesión de diversos parques eólicos por si hubiera conductas delictivas en las concesiones. El caso más llamativo es el que se produjo en la reunión interdepartamental celebrada el 13 de marzo de 2002 para aprobar diversos parques, uno de ellos a construir en Prat del Comte (Tarragona). El informe de Medio Ambiente era taxativo: "El Departamento valora este parque", puede leerse en el acta, "como muy conflictivo debido a los informes negativos del Servicio de Fauna y propone comunicar definitivamente al promotor la imposibilidad de su desarrollo a fin de que no pida más informes y estudios inútiles". La intervención casi inmediata del entonces secretario de Industria, Oriol Pujol, hijo del entonces presidente Jordi Pujol, fue no menos clara y enfatizaba "la voluntad política del presidente de la Generalitat de Cataluña para el rápido desarrollo de estos parques".

El proyecto fue aprobado dos meses después. El informe mediomabiental fue elaborado por la empresa Entorn, SL, donde ejercía Pere Pujol, hijo también del presidente y hermano de Oriol Pujol.

Oriol Pujol, que actualmente es diputado por CiU en el Parlamento catalán, explicó ayer a través de un portavoz del partido que su actuación era "conforme a la voluntad del presidente" y que no se refería a aquel parque "en particular, sino a la voluntad de Jordi Pujol de promover los parques eólicos en general". Asimismo, explicó que el proyecto aprobado lo fue con recortes sobre el original. Oriol Pujol no asistió a todas las reuniones interdepartamentales. En varias de ellas fue sustituido por el director del Instituto Catalán de Energía, Josep Escobar.

El Gobierno catalán, sin embargo, ha optado por remitir el asunto a la fiscalía por si hubiera algún tipo de delito de prevaricación o tráfico de influencias. La fiscalía ha iniciado ya los trámites para interrogar a algunos de los funcionarios que intervinieron en el proceso.