Enseñanza niega los conciertos para niños de tres años a colegios de élite y del Opus Dei

Enseñanza ha decidido cumplir con los criterios legales que rigen las suvbenciones a los centros privados. El departamento que encabeza Marta Cid ha denegado el concierto para P-3 (tres años) a varios colegios de élite y del Opus Dei a los que el Ejecutivo de CiU había otorgado financiación a pesar de que cobraban cuotas de hasta 600 euros mensuales. El Gobierno de la Generalitat, sin embargo, ha otorgado la subvención al 94% de los centros privados que la pidieron.

El departamento aduce hasta siete "motivos técnicos" para denegar el concierto, como no cumplir necesidades de escolarización de la zona y que más del 60% del alumnado sea de fuera del municipio donde está ubicada la escuela. Pero lo cierto es que la resolución de Enseñanza se engloba en la nueva política educativa fijada en el programa del Gobierno tripartito: apoyo total a la escuela pública y exigencia a los centros privados de que cumplan los requisitos establecidos al recibir conciertos, como son la garantía de una educación gratuita y la no selección del alumnado.

Sin embargo, tal como subrayaron tanto el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, como el anterior consejero de Enseñanza, Josep Bargalló, son muy pocos los centros que no cumplen estos criterios. La prueba es que casi todas las escuelas que han solicitado para el curso que viene el concierto para P-3 -el primer curso de la etapa de infantil- lo han obtenido: de 553, 524 han recibido el visto bueno. Según Cid, "esto pone de manifiesto el compromiso de reconocer la buena tarea educativa de la escuela concertada". Enseñanza ha destinado a estos conciertos 43,9 millones de euros.

29 negativas

Sólo 29 colegios privados se han quedado sin concierto. Tres -Montclar, Aura y La Vall- pertenecen al Opus Dei; uno, a los jesuitas -el Sant Ignasi de Barcelona-, y cuatro estaban incluidos en la lista de escuelas de élite que cobraban a los padres hasta 600 euros al mes a pesar de recibir ayudas públicas: SIL, Pere Vergés, Sant Pau y La Vall.

Josep Maria Barnils, presidente de la Institución Familiar de Educación, que entre otros centros gestiona La Vall, considera que Enseñanza "ha cambiado las reglas pasando por encima de la legislación vigente". Barnils anunció que sus servicios legales estudian recurrir contra la decisión de Enseñanza.