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El Parlament reclamará la nulidad de los juicios políticos del franquismo

La izquierda promueve una proposición para que el Congreso tome la iniciativa

Los grupos parlamentarios de la izquierda catalana quieren aprovechar la victoria electoral del PSOE para dar un paso más en la "recuperación de la memoria histórica" y presentarán al Parlament una proposición no de ley para reclamar la nulidad de todos los juicios políticos del franquismo. La mayoría de izquierdas garantiza que la propuesta será aprobada y posteriormente se trasladará al Congreso.

En los últimos años, el Parlamento catalán ha ido aprobando mociones y proposiciones de condena al franquismo y de reconocimiento a los que lucharon por la democracia. Pero pese a las indemnizaciones acordadas y a los homenajes realizados, todas las personas que fueron condenadas por los tribunales franquistas siguen formalmente constando en todos los archivos oficiales como delincuentes.

La iniciativa de la izquierda catalana quiere acabar con esta asignatura pendiente. La proposición no de ley, impulsada por el diputado socialista David Pérez, insta al Congreso de los Diputados a "que se adopten las adecuadas medidas encaminadas a decretar la nulidad de todos los juicios y subsiguientes sentencias dictadas al amparo de la llamada Instrucción de la Causa General y la del Tribunal de Honor y Jurisdicciones Anti-masónicas y Anticomunistas y se declare el carácter ilegítimo de aquellos tribunales y de las normas en que se amparaban".

Fuentes socialistas explican que el texto ya tiene el visto bueno del núcleo de coordinación de los grupos parlamentarios que apoyan al Ejecutivo de Pasqual Maragall. El texto será firmado previsiblemente por los portavoces del Partit dels Socialistes (PSC), Esquerra Republicana (ERC) e Iniciativa-Esquerra Unida (ICV-EUiA), con lo que, salvo sorpresas, tiene garantizado un amplio apoyo de la Cámara catalana y su traslado al Congreso.

"Ominosos procesos"

La exposición de motivos recuerda que el Congreso condenó en 2002 "de manera formal y explícita el golpe de Estado fascista del 18 de julio de 1936", pero insiste en que sigue pendiente "la revisión y anulación de los ominosos procesos" que desencadenó.

"Transcurridos más de 25 años desde la instauración de la democracia, el silencio ha continuado imperando sobre esta parte tan dramática de nuestra historia, que comporta unos 150.000 fusilados y 500.000 presos", se afirma en la exposición de motivos, que añade: "La memoria y la reparación son indispensables para cerrar de forma definitiva esta amarga página de nuestra historia".

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