Más de 70.000 jornaleros andaluces se quedan sin subsidio agrario al año y medio del 'decretazo'

La reforma del subsidio agrario que aprobó el Gobierno central en mayo de 2002, dentro del conocido como decretazo, restringió el acceso a esta prestación que cobran jornaleros andaluces y extremeños. Según los datos del Ministerio de Trabajo, recopilados por el Observatorio de Empleo Agrario Andaluz, esa restricción ha reducido en año y medio al menos en un 27,4% los perceptores del subsidio. Si en los nueve primeros meses de 2001 lo cobraron 254.452 jornaleros andaluces, en idéntico periodo de 2003 sólo lo recibieron 184.797, unos 70.000 menos. La renta agraria, la prestación ideada por el ministerio tras varias manifestaciones de protesta para los que se quedaron sin subsidio, sólo ha beneficiado a 9.036 jornaleros en su primer semestre de aplicación.

Hasta el decretazo, todos los jornaleros andaluces y extremeños parados tenían derecho a cobrar el 75% del salario mínimo (unos 330 euros al mes) durante un máximo de seis meses al año, siempre que acreditaran haber trabajado al menos 35 días en el campo. De este modo, unos 360.000 trabajadores eventuales del campo lograban una prestación mínima cuando estaban sin trabajo.

El Gobierno del PP echó el candado a este sistema con el decretazo al establecer una nueva limitación: desde junio de 2002, sólo pueden acceder al subsidio los jornaleros que lo hayan cobrado en alguno de los tres años anteriores, lo que en la práctica supone restringirlo a los que ya lo percibían. Además, endureció algunos requisitos para conservar al derecho al subsidio, como la obligación de acreditar que no pasan más de 90 días sin echar una peonada y de no trabajar más de tres meses en otro sector. La reforma, pues, impide la entrada de nuevos perceptores en el sistema del subsidio agrario y favorece el incremento de bajas por el incumplimiento de estos requisitos.

Como alternativa para los jornaleros que se quedaban fuera del subsidio agrario, el Gobierno ofreció, de modo consecutivo, dos sistemas -cotizar 300 días para cobrar una prestación de tres meses y el acceso a la renta de inserción activa-, que los sindicatos consideraron, respectivamente, de imposible ejecución e insuficiente. En otoño de 2002, multitudinarias manifestaciones en Andalucía y Extremadura reclamaron la reposición del subsidio. UGT afirmó entonces que el decretazo dejaría en 2003 a un 40% de los perceptores sin una prestación "vital".

Los vaticinios de UGT van camino de cumplirse. El número de jornaleros andaluces que cobraban el subsidio agrario, tras un incremento importante entre 1998 y 2000, parecía haber llegado a su techo antes del decretazo. De hecho, en 2001 lo cobraron menos eventuales que el año anterior (320.344 frente a 322.823 de 2000) y en los cinco primeros meses de 2002 se reafirmó un ligero descenso, con casi 5.000 perceptores menos. Tras la entrada en vigor del decretazo, en junio de 2002, esa tendencia se aceleró de forma vertiginosa. En los últimos siete meses de ese año, el número de perceptores se redujo en casi 15.000 más. Y en los nueve primeros meses de 2003, último dato suministrado por el ministerio al Observatorio de Empleo Agrario Andaluz, bajó en otros 50.000 más.

Los datos muestran una reducción del 27,4% en el número de jornaleros que cobran el subsidio si se comparan el dato acumulado en los nueve primeros meses de 2003 (184.797) y el mismo periodo de 2001 (254.452), cuando el decretazo no estaba en vigor. Un ritmo de recorte que tiende a incrementarse mes a mes, debido a la dificultad de cumplir con los requisitos para conservar el derecho al subsidio.

El Observatorio de Empleo Agrario Andaluz es un servicio de estudios de la Diputación de Sevilla (PSOE). Según el vicepresidente de la institución, Fernando Rodríguez Villalobos, los datos "demuestran que el decretazo era un varapalo del PP para el campo andaluz". Rodríguez Villalobos señala que "el cuello de botella" creado para evitar la entrada de nuevos perceptores al subsidio y el endurecimiento de los requisitos a los que lo cobraban "ha dejado ya fuera a uno de cada tres eventuales agrarios que tenían derecho al subsidio".

El dirigente socialista lamenta que la reforma "haya impedido el acceso de jóvenes y mujeres" a la prestación, cuando el principal problema en el campo es cómo conservar a una población activa que debe afrontar largos periodos de desempleo. La reforma deja sin una prestación mínima a miles de jornaleros a cambio de ahorrar en gasto público: de media, los jornaleros parados cobran el subsidio durante cinco meses (unos 1.650 euros al año), por lo que el ministerio habría dejado de pagar en 2003 unos 130 millones de euros.

Amenaza de huelga

Con la amenaza de una huelga general en el campo, el ministerio estableció en 2003 un cuarto sistema, la renta agraria, para los jornaleros expulsados del subsidio, que sí contó con el acuerdo sindical y de los Ejecutivos andaluz y extremeño, aún con reparos. En esencia, la renta agraria garantizaba a los jornaleros la misma prestación (el 75% del salario mínimo) por las mismas condiciones (35 peonadas), con algunas diferencias notables: hay que estar empadronado en Andalucía o Extremadura durante diez años, los mayores de 45 años deben acreditar cinco años de pago de la cartilla agraria (los mayores de 52, diez años) y el cobro de la renta agraria se limita a un máximo de seis años.

La renta agraria empezó a pagarse en julio de 2003. En el primer semestre en vigor lo cobraron sólo 9.036 jornaleros andaluces. A diferencia del subsidio, cuyo pago es inmediato, el ministerio tarda tres meses en resolver una solicitud. Aun así, los datos del Observatorio demuestran que la renta agraria no sólo no ha recogido a los que se quedaron fuera del subsidio, sino que el ritmo de altas es menor incluso que el de nuevas incorporaciones al subsidio agrario antes de la reforma (unos 11.000 al semestre). Una situación que se corresponde a las dificultades que encuentran para acceder a la renta agraria los colectivos que mayor presencia han ganado en la mano de obra agraria: los inmigrantes (por el requisito de empadronamiento) y las mujeres de mayor edad (por no haber cotizado con anterioridad).