La Generalitat deniega la supresión de los 264 empleos de Fisipe

El día de resurrección ha llegado a Fisipe antes de lo que marca el calendario. El Gobierno catalán denegó ayer el expediente presentado por la multinacional portuguesa para rescindir los contratos de sus 264 trabajadores de la fábrica de Barcelona por considerar que las pérdidas alcanzadas "no tienen suficiente entidad para justificar la inviabilidad". La empresa, en suspensión de pagos, recurrirá la decisión.

La resolución del Departamento de Trabajo e Industria asesta un duro golpe a la multinacional portuguesa, que, tras el intento fallido de vender la fábrica a un grupo de empresarios encabezados por Rafael Español (presidente de La Seda), había encauzado todas sus acciones en echar el cierre, pese a que la plantilla aceptó reducirse un 15% el sueldo.

La empresa alega, en la documentación aportada en el expediente, unas pérdidas de 4,21 millones de euros en 2000, de 7,93 millones en 2001 y de 8,44 hasta el tercer trimestre de 2003, aunque cerró 2002 con un beneficio de 248.000 euros. Sin embargo, el Ejecutivo catalán arguye que "para poder justificar la extinción de contratos de toda la plantilla de una empresa, la causa económica tiene que obedecer a una situación fundamentada y de carácter permanente y definitivo, y no simplemente coyuntural".

Para la Generalitat, la presentación de una suspensión de pagos únicamente es demostrativa de una situación de debilidad económica "pasajera", cuya finalidad es la adopción de medidas cautelares necesarias "para evitar la liquidación de la empresa". Añade la Administración que el "esfuerzo" de los trabajadores para reflotar la empresa "es un dato incontestable que deja la puerta abierta a posibilidades presentes y futuras de continuidad".

La dirección de Fisipe encajó con "gran sorpresa" los argumentos de la Generalitat, teniendo en cuenta el importe de las pérdidas declaradas, la "delicada" situación por la que atraviesa el sector textil y la denegación de un crédito por parte del ICF al grupo de Español. La Generalitat recordó que desestimó conceder financiación porque ese plan concreto "no garantiza el futuro económico del proyecto". Fisipe advierte que tras la decisión del Gobierno catalán, la situación financiera de la empresa deviene "insostenible, incluso a costa de poner en riesgo las indemnizaciones".