Proyecto del PSC para garantizar por ley la independencia de TV3

La izquierda catalana quiere que los medios públicos catalanes sean tan independientes como la BBC. El Partit dels Socialistes (PSC) propone una reforma de la ley de la Corporación Catalana de Radio y Televisión (CCRTV) en la que el director general del ente público deje de depender del presidente del Gobierno y sea nombrado por un consejo de administración elegido por consenso en el Parlamento.

La izquierda catalana quiere abrir cuanto antes el debate parlamentario para reformar a fondo el modelo de gestión de los medios públicos de comunicación y esta misma semana tiene previsto crear la ponencia parlamentaria que reformará la ley de la CCRTV y la del Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC), además de elaborar una ley general del Audiovisual.

El PSC tiene ya redactada una propuesta de reforma de la ley de la CCRTV, que ha repartido entre sus socios del tripartito.El borrador implica un cambio profundo del actual modelo y toma como base el de la BBC británica: apuesta por reforzar la independencia de la CCRTV respecto del gobierno de la Generalitat e insiste en los mecanismos de control sobre la programación para garantizar el servicio público.

La reforma de la ley propuesta por los socialistas quita al presidente de la Generalitat la potestad de nombrar al director general de la entidad, que pasa a denominar consejero delegado. Éste sería nombrado, de acuerdo con la propuesta socialista, por el Consejo de Administración del ente, que a su vez es nombrado por el Parlament por mayoría cualificada.

El consejero delegado de la CCRTV debe ser, según el proyecto, "un profesional de prestigio y de competencia reconocida", que deberá examinarse no sólo ante el Consejo de Administración, sino también ante el CAC, que deberá emitir "un informe de idoneidad de los candidatos" según reza el texto del proyecto de ley. La reforma auspiciada por los socialistas catalanes prevé que el proceso de selección se inicie con una "convocatoria pública" a la que, siguiendo el modelo anglosajón, pueda presentarse todo aquel que cumpla los requisitos estipulados en la misma convocatoria.

La composición del Consejo de Administración también se modificaría. Pasaría de doce a ocho miembros. De éstos, siete serían elegidos por el Parlament por una mayoría de tres quintas partes y el aval de tres grupos parlamentarios tras "acreditar sus méritos profesionales en una sesión de idoneidad" en una sesión parlamentaria. Este procedimiento obliga necesariamente a buscar el consenso parlamentario sobre los miembros del consejo. El octavo sería elegido por los comités de empresa de las empresas que forman la Corporación.

El proyecto prevé también la creación de un Consejo Social de Programación, encargado de redactar un informe semestral "sobre el desarrollo de la programación en relación a su calidad, a su impacto social y cultural y a los datos de audiencia", y contempla un compromiso explícito "con la calidad y el servicio público" que debe concretarse en una "Carta de Servicio", a evaluar anualmente.