Londres presenta un polémico plan para crear un FBI británico
El ministro de Interior del Reino Unido, David Blunkett, presentó ayer un Libro Blanco sobre la lucha contra el crimen organizado que promete levantar polémica. Las propuestas respaldan la creación del llamado FBI británico, la SOCA (siglas en inglés de Agencia contra el Gran Crimen Organizado). Entre ellas figuran tres particularmente llamativas: convertir en prueba legal en los tribunales el llamado "material interceptado" -como escuchas telefónicas y rastreo de correo electrónico legales-, obligar a banqueros, contables y abogados a declarar sobre sus clientes y poner en marcha un sistema de arrepentidos.
De momento, las propuestas parecen haber sido bien recibidas por la oposición. Incluso los liberales-demócratas, siempre escrupulosos en la defensa de las libertades individuales, han admitido a través de Mark Oaten, responsable de los asuntos de Interior en el partido, que "los liberales que vivimos en un mundo moderno tenemos que aceptar un mayor uso de la interceptación de comunicaciones". "Sin embargo", añadió, "no se puede utilizar el terrorismo como excusa para introducir en nuestra sociedad cambios fundamentales como el carné de identidad o cambiar la carga de la prueba".
"Tenemos que utilizar las mismas herramientas que esa gente está utilizando"
Fue el primer ministro, Tony Blair, quien insinuó en enero pasado que los acusados de ciertos crímenes de gansterismo tuvieran que demostrar su inocencia, en lugar de ser el Estado el que demostrara su culpabilidad, dadas las dificultades que se dan a menudo para probar la culpabilidad de estos presuntos criminales. El Libro Blanco presentado ayer, sin embargo, no parece llegar tan lejos. El uso de las escuchas telefónicas parece preocupar más a los servicios de seguridad que a los defensores de los derechos civiles, dado que se propone convertir en prueba sólo las escuchas consideradas legales. Por ejemplo, la grabación de una conversación sin que ambas partes lo sepan y lo acepten no podría ser utilizada como prueba en un tribunal. Pero sí si ambas partes han declarado su conformidad o si la grabación ha sido realizada por los servicios secretos de manera legal. La plana mayor de los servicios secretos ha hecho llegar sus reticencias hacia una propuesta que, a su juicio, puede desvelar parte de sus técnicas de trabajo.
Más quejas provocará, con seguridad, la propuesta de que lo mismo contables que abogados o banqueros sean obligados a declarar en los procesos que se lleven contra sus clientes acusados de grandes delitos, lo que podría obligarles a romper el secreto profesional.
También promete generar debate la propuesta de crear la figura del arrepentido por la que los acusados de determinados delitos podrán negociar sus penas a la baja si denuncian a sus superiores jerárquicos en las bandas en las que operan. La propuesta se basa en una larga tradición en Estados Unidos que apenas ha tenido eco en Europa, donde choca la idea de perdonar a un delincuente para atrapar a otro. El precedente europeo más famoso fue introducido en Italia para luchar contra la mafia.
David Blunkett argumentó, en defensa de la figura del arrepentido, que en la actualidad ya se está utilizando en el Reino Unido de manera subrepticia y que de lo que se trata ahora es de formalizarla. "Tenemos que examinar todos los medios que existen a nuestra disposición con el objetivo de atacar un problema que se ha convertido en un azote sin fronteras y utilizar las mismas herramientas que esa gente está utilizando contra nosotros", defendió el ministro.
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