Los inspectores denuncian indefensión tras la condena al funcionario del 'caso Ardystil'

El portavoz de la Unión de Progresistas de Inspectores de Trabajo, Adrián González, denunció ayer la "indefensión" de los funcionarios imputados en los litigios que se siguen contra las empresas por incumplimiento de las medidas de seguridad. Las críticas se producen a raíz de la condena a seis meses de prisión por un delito de imprudencia al funcionario Alfredo Ortolá por el caso Ardystil. El colectivo censura que los jueces condenan a los inspectores como garantía para que las víctimas cobren las indemnizaciones de la Administración, como responsable subsidiario.

Expertos legales se reunieron ayer en Alicante para analizar el caso de Fernando Ortolá, inspector condenado en primera instancia por el caso Ardystil, síndrome laboral que costó la vida a seis personas y más de un centenar de damnificados. El funcionario, todavía en activo, fue condenado por la Audiencia de Alicante a seis meses de cárcel por un delito de imprudencia y al pago de casi 4,1 millones de euros.

El tribunal apreció que Ortolá se inhibió en sus competencias en materia de seguridad e higiene con motivo de una visita a la fábrica en septiembre de 1990, dos años antes de declararse el síndrome. La sala rechazó el argumento del inspector sobre la inactividad de la industria cuando cursó la inspección, versión que también fue ratificada en el juicio por el subinspector que le acompañó. "Su inhibición [decía la sentencia] posibilitó que perdurase una situación de grave riesgo para la salud de los trabajadores y que cristalizó finalmente en una grave enfermedad, causante de varias muertes".

Ortolá, cuya defensa (un experto en penal) fue sufragada mediante una colecta entre sus compañeros con el apoyo de la Administración central, recurrió la sentencia al Tribunal Supremo. Mientras el Alto Tribunal resuelve, los titulares de la Sección Tercera de la Audiencia de Alicante ya han reclamado al funcionario que señale sus bienes para hacer frente a las cuantiosas indemnizaciones. Adrián González interpretó así el fallo: "En realidad lo que se buscaba era asegurar una responsabilidad subsidiaria a través de la condena al funcionario". Y agregó: "Lamento que para conseguir este objetivo se tenga que arruinar la vida a un trabajador". De ser ratificado el fallo, Alfredo Ortolá permanecerá suspendido de empleo y sueldo durante seis meses y pasará a tener un historial delictivo. Además, en caso de que la Generalitat valenciana no asuma el importe de las indemnizaciones -pese a su compromiso-, sus bienes serán embargados. A juicio de González, "se pueden haber forzado determinados argumentos jurídicos para obtener las indemnizaciones".

Por ello, el colectivo reclama, por un lado, un seguro de responsabilidad civil que haga frente este tipo de indemnizaciones. Por otro, derecho a una asistencia jurídica gratuita. El caso de Ortolá es el primero en los cien años de historia de este colectivo.