La deuda del Consell ronda los 10.000 millones con las empresas públicas

La deuda de la Generalitat Valenciana, que el Banco de España cifra en 7.668 millones de euros al cierre del año 2003, asciende en realidad a 9.771 millones si se suma el endeudamiento de las empresas públicas que el banco emisor no incluye en su contabilidad. Ésta sólo tiene en cuenta a las empresas consideradas "no comerciales", que son aquellas cuyos ingresos por actividades propias no llegan al 50% del total anual.

A la hora de elaborar las cifras de la deuda de las comunidades autónomas y las corporaciones locales, que ofrece con periodicidad trimestral, el Banco de España no incluye en su contabilidad a todas las empresas públicas. Sólo tiene en cuenta las consideradas "no comerciales", que son aquellas cuyos ingresos por actividades propias no llegan al 50% del total anual. Es el caso, en el ámbito valenciano, de entidades como la Agencia Valenciana de Turismo, de las empresas Ciudad de las Artes y las Ciencias, SA, y Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA, o de las cinco universidades públicas.

Por eso, la portavoz de Economía del Grupo Socialista en las Cortes Valencianas, Cristina Moreno, preguntó el pasado mes de noviembre al consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Gerardo Camps, cuáles son las empresas públicas de la Generalitat cuyo endeudamiento no es tenido en cuenta por el Banco de España. La contestación que el consejero firmó a principios de febrero incluía una relación de ocho empresas: Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA; Instituto Valenciano de la Vivienda, SA; Proyecto Cultural de Castellón, SA; Radio Autonomía Valenciana, SA; Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, SA; Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA; Televisión Autonómica Valenciana, SA, y Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, SA.

Estas ocho empresas públicas -una relación en la que destaca la ausencia de Rádio Televisión Valenciana, a pesar de que sí están sus dos filiales- suman una deuda de 658 millones de euros. La cifra la ha obtenido la diputada del PSPV a partir de los datos de la Sindicatura de Comptes correspondientes al año 2002, a los que ha sumado en cada caso los correspondientes a la autorización de endeudamiento previsto en los presupuestos de la Generalitat para 2003.

Pero hay más empresas públicas, que el Banco de España no tiene en cuenta a la hora de contabilizar la deuda y que tampoco figuraban en la relación ofrecida por Camps en su contestación a la diputada socialista. Se trata de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, SA; Instituto Valenciano de Finanzas, Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales, RTVV. Hay más, pero sólo estas cuatro suman una deuda de 1.445 millones de euros, de acuerdo con el cálculo efectuado por la diputada socialista.

Así, la deuda de las empresas públicas valencianas que el Banco de España no tiene en cuenta en sus informes periódicos sobre el endeudamiento de las comunidades autónomas suma 2.103 millones de euros. Una cifra que hay que sumar a los 7.668 millones de euros de deuda que refleja el último informe del banco emisor. De esta manera, la deuda real de la Generalitat al cierre del ejercicio de 2003 ascendía por lo menos a 9.771 millones de euros. Una cifra que supera la correspondiente a los Presupuestos para 2004, que ascienden a 9.614 millones de euros.

Cristina Moreno lamentó que el Consell "insista en la mentira", en referencia a las declaraciones de Gerardo Camps, quien ayer, en Alicante, volvió a asegurar que los niveles de deuda en la Comunidad Valenciana no son alarmantes, informa David Cerdán. "La deuda me ocupa, pero no me preocupa", repitió el consejero, quien explicó que se trata de una deuda "productiva" basada en el equilibrio que permita el crecimiento. La diputada socialista tachó de "impresentables" las declaraciones del consejero e instó al Consell a "afrontar el problema, en vez de esconderlo". "No aprenden la lección del 14-M", dijo Moreno en referencia a la "mentira" en torno a la deuda, "y los ciudadanos no pueden permitir que sus gobernantes les mientan".