México estudia levantar el secreto bancario al ex presidente guatemalteco Alfonso Portillo

Invertida de nuevo la carga de la prueba en América Latina porque la presunción de culpabilidad suele acertar, otro ex presidente es perseguido con la certeza de que ha sido corrupto. México estudia la solicitud del nuevo Gobierno de Guatemala de levantar el secreto bancario de las supuestas cuentas de su último titular, Alfonso Portillo (2000-2004), y de 11 allegados, entre ellos su esposa, su ex esposa, su hija mayor y su ex vicepresidente. Estados Unidos retiró el visado a Portillo, de 52 años, que huyó a México a mediados de febrero porque teme ser condenado sin pruebas, dijo. "No tienen nada. Todo es un caso político", subrayó.

La relación de mandatarios sospechosos o convictos de haber cumplido a cabalidad el viejo dicho de la corrupción latinoamericana "no me des, ponme donde haya" es larga. Todos se dotaron de una justicia cómplice, que fue sustituida por otra, también cómplice en varios casos, después de los relevos presidenciales. El argentino Carlos Menem sigue bajo investigación, el peruano Alberto Fujimori encontró refugio en Japón y el nicaragüense Arnoldo Alemán, sentenciado a prisión, figuran en la lista de reos, pero no la agotan porque la cultura de depredación del erario público continúa vigente.

El ex presidente Portillo la aplicó a través de empresas fantasmas y ocultó el botín en escondites extranjeros, según la documentación aportada por la fiscalía de su país. La Fiscalía General de Guatemala, donde la impunidad ha sido ley durante decenios, sostiene que Portillo y sus colaboradores lavaron dinero y transfirieron a México cuentas supuestamente abiertas en Panamá con fondos públicos de Guatemala. "Tenemos entendido que entró a México con visa de turista, tanto él como su familia, pero la cancillería no tiene la información de dónde se encuentra", subrayó un portavoz.

Muerte de un periodista

Portillo cursó la carrera de Derecho en México y se vinculó de joven al Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) y fue prófugo cuando tenía 30 años. El 23 de agosto del año 1982 mató a dos personas en una riña de taberna de Guerrero y huyó. Un juez sobreseyó el caso tres años después. Portillo viajó a México el 18 de febrero, un día después de perder la inmunidad como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y tres días después de haber abandonado su país, se le dictó orden de detención para que respondiera sobre el origen de las cuentas de Panamá.

La fiscal Blanca Stalling quiere que las autoridades de Estados Unidos, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Reino Unido, México, Nicaragua, Panamá y Suiza levanten el secreto bancario y prepara una eventual orden internacional de captura y extradición. Alfonso Portillo entregó al poder al nuevo presidente, el conservador Óscar Berger, el 14 de enero, y afronta 11 cargos, uno relacionado con la muerte de un periodista.

El informador cayó fulminado por un paro cardiaco cuando era perseguido por un grupo de encapuchados durante las violentas protestas del pasado mes de noviembre, a cargo de seguidores del ex dictador Efraín Ríos Montt (1982- 1983). Portillo y Ríos pertenecen al mismo partido: el derechista Frente Republicano Guatemalteco (FRNG). El ex general, acusado de genocidio, disputó la presidencia en las generales del pasado 9 de noviembre, pero fue eliminado en la primera vuelta.

La relación de personas del entorno de Portillo bajo sospecha incluye a Francisco Reyes Wyld, hijo del ex vicepresidente guatemalteco Francisco Reyes; el ex secretario privado del ex presidente, Julio Girón; su cuñado, César Medida; su amigo, Juan Riley; otros tres supuestos testaferros y el representante legal de una empresa que habría recibido cuatro giros de cerca de medio millón de dólares de un banco oficial.

Pero como los cambios de administración en América Latina no son garantía de decencia, el nuevo equipo guatemalteco parece obligado a depurar sus filas. Según el diario Prensa Libre, la División contra Lavado de Dinero del Departamento de Migración y Aduanas de Estados Unidos investiga a ex funcionarios del Gobierno de Portillo (2000-2004), pero también a otros de la Administración de Berger, por supuesto lavado de dinero.