Editorial:Editorial
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Gobierno en funciones

Desde el 14 de marzo, el Gobierno del PP que dirige José María Aznar no es representativo de la voluntad mayoritaria del pueblo español libre y masivamente expresada en las urnas. Como en situaciones similares que se dan con frecuencia en los países democráticos, el Gobierno del PP está en funciones, a la espera de que le sustituyan los ganadores de los comicios. Su única tarea debería ser la de gestionar los asuntos corrientes. Sería lógico que no tomara ninguna decisión que pueda hipotecar, en el ámbito interno, pero también en el internacional, la acción de quienes han logrado legítimamente en las urnas el encargo de los españoles para dirigir sus asuntos los próximos cuatro años.

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El Gobierno en funciones, no obstante, está dando signos preocupantes de no entender la situación. Ha solicitado un informe a sus servicios jurídicos para ver si, antes de traspasar oficialmente los poderes, puede nombrar dos plazas vacantes de magistrados del Tribunal Constitucional. El sentido común, que a la postre es la base de la democracia junto con la soberanía popular, anticipa que esos nombramientos serían de dudosa legitimidad, aunque fueran legales. Lo mismo ocurre con la pretensión del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, de designar antes de irse a más de una decena de fiscales jefes. El Gobierno del PP ha dispuesto de ocho años para hacer su política, incluida la de personal, y en los últimos cuatro con un evidente desprecio de la oposición y de la mayoría de la opinión pública. Ahora no debería dar la impresión de que quiere dejarlo todo atado y bien atado antes de pasar a la oposición.

Otra iniciativa de dudosa corrección democrática fue la desclasificación, y además parcial, según todos los indicios, de documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre los posibles autores de los atentados del 11-M. Esa desclasificación no fue negociada con el PSOE, ni tampoco lo ha sido el plan de seguridad aprobado tras esos atentados. En estos casos de seguridad nacional, el Gobierno en funciones sólo debería actuar en concertación plena con el que podríamos llamar Gobierno electo de la nación. Ese criterio es asimismo de plena aplicación para asuntos tan trascendentes, y que tanto dividen a los españoles, como el Plan Hidrológico, que debería quedar suspendido temporalmente, sin ningún tipo de contratación. Por no hablar de nuestras tropas en Irak. Cualquier relevo, redespliegue o atribución de nuevas misiones a esas fuerzas tiene que ser negociado con los nuevos representantes de la voluntad nacional. Al igual que la participación de nuestro país en la cumbre europea sobre seguridad del próximo fin de semana.

Zapatero no podrá ser investido presidente y formar Gobierno hasta después de Semana Santa. Los plazos y los procedimientos han de ser respetados, como una prueba más de que nuestra democracia funciona sin que nada ni nadie le imponga su agenda. Pero del mismo modo, el Gobierno en funciones debe aceptar y respetar escrupulosamente su condición de mera provisionalidad. Su tarea consiste en hacer que la maquinaria del Estado siga funcionando, facilitar la rapidez, eficacia y transparencia de la alternancia e ir recogiendo sus trastos. Todo lo demás debe ser consensuado con aquellos en quienes los electores han depositado mayoritariamente su confianza.

* Este artículo apareció en la edición impresa del domingo, 21 de marzo de 2004.

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