El Gobierno intenta nombrar dos jueces del Constitucional

El Gobierno en funciones del PP ha solicitado un informe a la Abogacía del Estado para que le asesore si, como pretende, puede renovar antes del traspaso de poderes a dos magistrados del Tribunal Constitucional que corresponde nombrar al Ejecutivo a partir del 8 de abril. Fuentes de la Vicepresidencia Segunda confirmaron que ésta es la respuesta de su titular, Javier Arenas, al portavoz socialista, Jesús Caldera, quien el miércoles pasado exigió al Ejecutivo que preside José María Aznar que paralizase los nombramientos discrecionales.

En las filas socialistas existe cierta inquietud ante lo que interpretan como una postura de conflicto por parte del Ejecutivo en el traspaso de poderes, y que tendría ya dos precedentes inmediatos. Uno, la sorprendente descla-sificación de dos documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), referentes a la matanza de Madrid, en el Consejo de Ministros del pasado jueves. El otro precedente es la aprobación de un macroplan de seguridad tras los atentados terroristas de Madrid el 11-M. En ambos casos, el PSOE sólo fue informado cuando ambas medidas estaban ya tomadas.

El encargo, ahora, de un informe jurídico sobre la renovación del Constitucional ha acrecentado el recelo del partido ganador de las últimas elecciones, que se ampara en el artículo 21 de la Ley del Gobierno, de 1999, para exigir la paralización de los nombramientos discrecionales. Este artículo establece que los Ejecutivos en funciones sólo podrán resolver asuntos ordinarios y deberán "abstenerse de adoptar, salvo casos de urgencia o por razones de interés general, cualesquiera otras medidas".

Además, el PSOE pide que se paralice el nombramiento de fiscales anunciado por el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, y la licitación de las obras del trasvase del Ebro, a la espera de las decisiones del nuevo Ejecutivo.