El Gobierno en funciones encarga un informe jurídico sobre la renovación del Constitucional

El Gobierno en funciones del PP ha decidido solicitar un informe a la Abogacía del Estado para que le asesore si puede renovar antes del traspaso de poderes los dos magistrados del Tribunal Constitucional que corresponde nombrar al Ejecutivo a partir del 8 de abril. Fuentes de la Vicepresidencia Segunda confirmaron ayer que ésta es la respuesta de su titular, Javier Arenas, al portavoz socialista, Jesús Caldera, quien el miércoles pasado, en la primera reunión de gestión del traspaso de poderes, planteó que el actual Ejecutivo debía paralizar los nombramientos discrecionales en esta etapa de transición.

En las filas socialistas existe cierta inquietud ante lo que interpretan como una postura de conflicto por parte del Ejecutivo en el traspaso de poderes, y que tendría ya dos precedentes inmediatos. Uno, la sorprendente desclasificación de dos documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), referentes a la matanza de Madrid, en el Consejo de Ministros en funciones del pasado jueves, de la que el vicepresidente segundo en funciones, Javier Arenas, sólo informó al portavoz socialista tras la celebración de la reunión plenaria del Gobierno.

El otro precedente es la aprobación de un macroplan de seguridad que el Gobierno de Aznar aprobó la pasada semana, tras el atentado terrorista de Madrid, también sin consultar al PSOE. Simplemente le comunicó la medida, una vez tomada la decisión.

El anuncio de Arenas de pedir un informe jurídico sobre la posibilidad de nombrar a dos magistrados del Tribunal Constitucional en pleno traspaso de poderes ha vuelto a encender la alarma en el PSOE. El portavoz socialista, Jesús Caldera, pidió, el miércoles, a Javier Arenas que no procediera a estos nombramientos y se amparó en el artículo 21 de la Ley de Gobierno, de 1999, que establece que los Ejecutivos en funciones sólo podrán resolver asuntos ordinarios. El mismo artículo precisa que los Gobiernos en funciones deberán "abstenerse de adoptar, salvo casos de urgencia o por razones de interés general, cualesquiera otras medidas".

Arenas, tras mostrar "extrañeza" por la reclamación de Caldera, avanzó que solicitaría un informe de la Abogacía del Estado para aclararlo. Ayer, fuentes de la Vicepresidencia Segunda confirmaron que se producirá la consulta. El PSOE interpreta, con ello, que el Gobierno de José María Aznar quiere nombrar a esos dos miembros del Constitucional y que opta por elevar la tensión en el traspaso de poderes.

Caldera insiste en que la designación de esos dos magistrados y de la decena de fiscales que anunció recientemente el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, debe paralizarse.

A su vez, José Antonio Alonso, diputado socialista por León y ex vocal del Consejo General del Poder Judicial, manifestó que "el Gobierno en funciones bajo ningún concepto puede realizar estos nombramientos", porque son discrecionales yporque "tras las elecciones se ha producido una nueva legitimación democrática". "Si el Gobierno en funciones realizara tales nombramientos, incurriría no sólo en ilegalidad sino en ilegitimidad", advirtió Alonso.

Además de la paralización de los nombramientos del Constitucional y de los fiscales, el PSOE reclama al Gobierno en funciones la paralización de las licitaciones de todas las obras del trasvase del Ebro, incluidas en el Plan Hidrológico Nacional, a la espera de las decisiones del nuevo Ejecutivo socialista.

El relevo de las tropas españolas en Irak, previsto para el mes de abril, se abordará en un próximo encuentro, esta misma semana.

Frente a estos indicios de traspaso conflictivo, en el único encuentro celebrado por la comisión de traspasos, la noche del miércoles, el Gobierno en funciones sí se comprometió con el PSOE a concertar la posición de España ante la próxima cumbre europea, los próximos días 25 y 26, que tendrá como prioridad la política de seguridad.