'Cohabitación' difícil con el Poder Judicial

La cohabitación del futuro Gobierno socialista y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de mayoría conservadora, se ve desde el PSOE como difícil, dada la "línea judicial dura que prevalecerá frente a un Gobierno progresista", según previsiones de altas fuentes socialistas. Enrique López, portavoz del Consejo, declara que "no tiene por qué haber problemas", mientras que José Luis Requero, vocal propuesto por el PP, como López, intuye que "va a haber desacuerdos". Desde la minoría progresista, el vicepresidente Fernando Salinas hace un "llamamiento a trabajar en común".

Las mencionadas fuentes del PSOE aseguraron que durante los más de dos años del actual CGPJ, en el órgano de gobierno de los jueces "ha mandado el Ejecutivo", por lo que estiman que, ante la llegada del PSOE al poder, "la parte del Consejo más vinculada al Gobierno del PP va a dar un paso atrás, mientras que la más vinculada a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) o derecha judicial, va a dar un paso adelante para liderar una línea judicial dura".

El PSOE propone crear 1.000 plazas de jueces y fiscales frente a la oferta de 400 del PP

Las fuentes socialistas citadas, a la vista de la experiencia del actual CGPJ, no esperan que se produzca "una cohabitación razonable que, por ejemplo, en política de nombramientos, mantuviera una correlación de designaciones a razón de seis jueces conservadores por cuatro progresistas". Por el contrario, creen que "seguirán copando la inmensa mayoría de los nombramientos". En ese caso, el PSOE, según las mismas fuentes, "les llamaría al Parlamento para exigirles responsabilidades y reformaría lo que hubiera que reformar".

Una de las primeras medidas del Congreso de los Diputados surgido del 14-M será sustituir a José Antonio Alonso, diputado electo del PSOE por León, que cesó como vocal del CGPJ. El nuevo vocal necesita un mínimo de 210 votos.

El vocal José Luis Requero, antiguo portavoz de la APM, aseguró que el CGPJ "va a seguir ejerciendo sus funciones". Preguntado por la posibilidad de una cohabitación razonable con el Gobierno socialista, Requero declaró: "Nosotros no nos apeamos de nuestro ideario ni de nuestro programa de gobierno del poder judicial. Deseo que haya normalidad, pero ante planteamientos tan distintos como los nuestros y los de los socialistas, preveo que van a producirse desencuentros".

Otro vocal conservador, Enrique López, como portavoz del CGPJ, aseguró: "En principio, debemos todos entender la situación como normal. Es cierto que existe un escenario nuevo, pero si todos hacemos lo que tenemos que hacer, no tiene por qué haber problemas. Yo entiendo nuestra función respecto a la justicia como una cuestión de Estado, en la que hay que hacer lo que más interese a los ciudadanos".

El vicepresidente del CGPJ Fernando Salinas, propuesto por el PSOE, reveló que el presidente, Francisco José Hernando, le comunicó el lunes pasado que no pertenece a ningún partido y que no pensaba "obstaculizar" la tarea del nuevo Gobierno.

Salinas abogó por que el Consejo "intente una política consensuada en materia de nombramientos, medios y, en general, gobierno de los jueces", aunque recordó que "la herencia no es buena, entre otras cosas, por la actual carga de trabajo judicial y los centenares de jueces que salen de la Escuela Judicial y que no tienen plaza".

Salinas hace "un llamamiento a trabajar en común y a confiar en que la mejor sintonía del Gobierno con el sector progresista sea apoyada por todo el CGPJ, ya que si se produce oposición es probable que el Ejecutivo vaya por libre y margine al Consejo en sus proyectos de reformas".

Otro vocal propuesto por el PSOE, Javier Martínez Lázaro, coincide con Salinas en la necesidad de una cohabitación eficaz. Este vocal recuerda que hay que desarrollar la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, "que introduce la novedad de que la oficina judicial pasa a depender no de los jueces, sino de las administraciones públicas, a través de un secretario de gobierno".

Entre los problemas para una cohabitación razonable, Martínez Lázaro señala la aplicación por el CGPJ del programa electoral del PSOE que, entre otras cosas, propone crear en cuatro años 1.000 plazas nuevas de jueces y fiscales, mientras que el Gobierno del PP sólo preveía 400. Este vocal apunta el riesgo de que el CGPJ "se desinterese de que la justicia vaya bien en el día a día" y muestra su preocupación porque "el interés dependa del signo del Gobierno".

La cohabitación de un Gobierno progresista con un CGPJ elegido por un Parlamento de mayoría conservadora es la primera vez que se produce en España. El actual CGPJ está integrado por el presidente y 19 consejeros: 10 propuestos por el PP, seis por el PSOE, uno por IU, otro por CiU y uno pactado entre el PP y el PSOE. Para tomar acuerdos basta con 11 votos, excepto para decisiones como la inminente designación de magistrados del Tribunal Constitucional, que exigen un mínimo de 12 votos, por lo que el sector conservador necesita un voto más.