Enseñanza responde a las más de 6.500 alegaciones al decreto de matriculación

Enseñanza ha estudiado las alegaciones presentadas al proyecto de decreto de admisión de alumnos y ha recogido algunas de las propuestas, aunque mantiene las líneas generales. La consejera Marta Cid ha contestado por carta a los remitentes de estas alegaciones, procedentes en mayoría de la escuela concertada. En la misiva, Cid enumera las modificaciones, razona los puntos que se mantienen y pide implicación para integrar al alumnado inmigrante.

Cid pide "el compromiso de toda la sociedad para facilitar una integración educativa y social del alumnado procedente de otros países". Según datos de Enseñanza, 63.000 de los 74.500 alumnos inmigrantes escolarizados en el sistema educativo catalán estudian en un centro público, y más de la mitad de ellos tienen necesidades educativas especiales.

La polémica del decreto de admisión de alumnos, por tanto, está relacionada con la escolarización de este alumnado. La mayoría de alegaciones al proyecto de normativa recibidas provienen de

las patronales de los centros concertados, como la Fundació Escola Cristiana de Catalunya

, la Agrupació Escolar de Catalunya (AEC) o de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de la Escuela Libre de Cataluña (FAPEL). Cid abogó por el "diálogo" para crear "un clima que cultive la confianza" y explicó los apartados del decreto que se modificarán y los que se mantendrán sin cambios.

Según explicó ayer la consejera, la nueva normativa recogerá las sugerencias de especificar más la labor de las oficinas municipales de escolarización. Así, el texto subrayará que estas oficinas no son las que tienen las competencias en las matriculaciones de los alumnos en las escuelas, sino que son "instrumentos de colaboración" en la ejecución del proceso junto con los centros, los ayuntamientos y el propio departamento.

El texto también recoge las alegaciones presentadas sobre la supuesta violación del derecho de los padres a escoger el centro que prefieren para sus hijos, muy criticado por las asociaciones de padres de los centros concertados. El nuevo redactado del decreto introducirá un texto procedente de la jurisprudencia del Tribunal Supremo en esta materia que especifica que las solicitudes "serán atendidas siempre que en la aplicación de los criterios prioritarios básicos de admisión del alumnado sea posible".

A juicio de Cid, otros cambios que reflejará el nuevo texto se refieren a la clarificación del redactado en puntos que habían sido considerados ambiguos o susceptibles de ser malinterpretados. Por ejemplo, la normativa también clarificará en su redactado final que los centros que reciben conciertos educativos deben ofrecer gratuitamente la enseñanza obligatoria, pero pueden cobrar cuotas en los tramos de la enseñanza no obligatoria, actividades extraescolares o complementarias.

Otro de los puntos que el departamento ha decidido cambiar se centra en la baremación para los hermanos matriculados en una misma escuela. Así, mientras en el documento anterior contaba 30 puntos, en el nuevo decreto se eleva a 40. Así, este criterio es el que cuenta más entre la baremación, y un alumno tendrá más posibilidades de matricularse en un centro si su hermano está escolarizado en dicha escuela.

Segregación por sexo

Por otra parte, el departamento también explica en la carta los aspectos del decreto que habían sido criticados en las alegaciones y que Enseñanza no va a modificar. Así, la voluntad del decreto de no renovar los conciertos educativos a los centros privados que segreguen al alumnado por sexo se mantiene. "La prohibición de discriminar por razón de sexo en el acceso a estos centros [concertados con fondos públicos] se ampara directamente" en la Constitución, que establece "el derecho a la igualdad ante la ley, sin que se puedan establecer discriminaciones por razón de sexo", razona la misiva de Enseñanza. El decreto mantiene también la posibilidad de reducir la ratio de alumnos por clase, las competencias de los delegados territoriales para escolarizar a los alumnos con necesidades educativas especiales y la adscripción de carácter municipal de los centros.