El Constitucional resolverá sobre la ley que permitió la fuga de Cajasur

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada en julio pasado por un juzgado de Córdoba sobre el contencioso de Cajasur. Las dudas sobre la constitucionalidad pesan sobre la Ley Financiera del PP, que permitió a la caja cordobesa situarse bajo el amparo del Ministerio de Economía y huir del control de la Junta de Andalucía. Además, el Constitucional se pronunciará también sobre la reforma que promovió el Gobierno andaluz para evitar la fuga de la caja presidida por Miguel Castillejo.

El juez planteó la cuestión al Constitucional cuando trataba la legalidad de la adhesión de la caja cordobesa a la Ley Financiera, un acuerdo del Consejo de Administración de la caja que fue impugnado por la Junta y la Diputación de Córdoba. El magistrado consideró que el artículo 8 de la Ley Financiera, que abrió la puerta a la fuga de Cajasur por su fundación eclesiástica, podría vulnerar las competencias que el Estatuto de Autonomía otorga a la Junta sobre las cajas de ahorro.

El magistrado de Córdoba también expuso que el tratado de 1979 entre el Estado español y la Santa Sede con el que el Gobierno justificó la Ley Financiera no tiene valor en el entorno constitucional y que corresponde a la Administración andaluza ejecutar los tratados internacionales que afecten a su competencia.

La cuestión de inconstitucionalidad atañe también a una disposición la Ley de Acompañamiento de los presupuestos andaluces de 2003. Este apartado establecía que Cajasur debía tener la aprobación de la Diputación, una amplia mayoría en la Asamblea y un informe positivo de la Junta para adaptarse a la Ley Financiera. El juez planteó una posible vulneración de la irretroactividad de las normas, ya que la ley autonómica establece su validez para hechos ya consumados (el Ministerio de Economía ya había aprobado la solicitud de tutela de Cajasur).

Por otra parte, el Consejo de Administración de Cajasur aprobó ayer la sustitución de María Porcel (PSOE), vocal en la Comisión de Control, por Francisca Lozano, de IU.