Brasil y Argentina unen sus fuerzas frente al FMI

Brasil y Argentina, los dos gigantes de América del Sur y los países de mayor peso del Mercosur, que soportan una deuda externa superior a los 400.000 millones de dólares, trabajan en la elaboración de una estrategia conjunta para negociar con los organismos financieros internacionales. El primer paso concreto lo dio el martes el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que en una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, George W. Bush, pidió apoyo para Argentina en la negociación de este país con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En Buenos Aires, el gesto de Lula ha sido presentado como la prueba de que la nueva alianza va en serio. "Se está empezando a encarar un proceso de integración real", declaró el jefe de Gabinete, Alberto Fernández.

Nuevos tiempos demandan una nueva política, parecen decir ambos dirigentes

El próximo 10 de marzo, los dos presidentes se reunirán en São Paulo, acompañados de los respectivos ministros de Asuntos Exteriores y de Economía y de los secretarios de Finanzas, para poner sobre el papel la propuesta de acción coordinada. En las cancillerías de ambos países ya trabajan en la redacción de "los lineamientos que reflejen los primeros pasos de una estrategia conjunta ante los organismos multilaterales de crédito", según dijo a este diario Eduardo Sguiglia, subsecretario de Política Latinoamericana.

La primera noticia del nuevo propósito de crear un eje Brasilia-Buenos Aires saltó el viernes pasado en Caracas, en el marco de la cumbre del Grupo de los Quince, donde Lula da Silva y Kirchner expresaron la necesidad de trabajar conjuntamente ante los organismos de crédito y, sobre todo, a la hora de negociar sobre la deuda. La prensa argentina dio mayor relevancia que la brasileña al supuesto acuerdo de principio, lo que hizo pensar que era más un deseo que una realidad.

El presidente brasileño despejó las dudas con la llamada a Bush, a la que siguió otra al presidente español, José María Aznar. En ellas pidió tener en cuenta la recuperación económica de Argentina, que "está manejando con seriedad y responsabilidad la conducción de sus políticas públicas", según la versión de la conversación difundida por el portavoz de Planalto, André Singer. Lula da Silva presentó a Bush una propuesta para que el FMI establezca un nuevo formato de cálculo del superávit primario (ingresos menos gastos, sin contar el pago de intereses) en los acuerdos con los países en crisis. La idea es que el organismo no contabilice como gastos las inversiones de los países en desarrollo en el área de infraestructura. El Gobierno dirigido por el Partido de los Trabajadores (PT) destinó el año pasado el 54,6% del presupuesto al pago de vencimientos de deuda, con lo que casi el 80% de los proyectos en obras públicas y sociales recibieron apenas la mitad de la financiación prevista.

El cumplimiento de un superávit fiscal primario del 4,25% del producto interior bruto (PIB) le costó a Brasil cerrar el año 2003 con un decrecimiento del 0,2%. Argentina, por su parte, creció el 8%, con un excedente del 3%, aunque hay que tener en cuenta que el país no paga la deuda externa privada desde diciembre de 2003.

La propuesta de Lula da Silva está en sintonía con el planteamiento de Néstor Kirchner de vincular el pago de la deuda al crecimiento de la economía argentina. Nuevos tiempos demandan una nueva política. Éste es el razonamiento de quienes gobiernan en Brasil y Argentina cuando recuerdan que el FMI actual, con una disminuida capacidad financiera, poco tiene que ver con el organismo que nació en 1944, bien dotado de recursos para acudir al rescate de las economías al borde del colapso.

El 9 de marzo, un día antes de la reunión de São Paulo entre Lula y Kirchner, Argentina tendrá que pagar, con reservas propias, un vencimiento de 3.100 millones de dólares con el FMI. Todo indica que se hará efectivo, pese a que el Gobierno argentino reclama antes la luz verde del organismo financiero a la segunda revisión de las metas del acuerdo firmado entre ambos en septiembre pasado. Aunque Argentina ha cumplido las metas fiscales y monetarias, el proceso de reestructuración de la deuda tropieza con serios problemas, sobre todo por el malestar de los tenedores privados de bonos (88.000 millones de dólares) ante la propuesta del Gobierno de Kirchner de no pagar más del 25%. En la reunión del directorio del FMI celebrada en enero, que evaluó el cumplimiento por parte de Argentina de las metas acordadas, tres países del G-7 (Japón, Reino Unido e Italia) se abstuvieron, lo que equivalía en la práctica a un voto negativo. En Italia y Japón hay miles de tenedores de títulos argentinos en suspensión de pagos.