Los opositores venezolanos bloquean barrios de Caracas

Opositores violentos continuaron ayer causando disturbios en importantes calles y autopistas de Caracas, en protesta contra la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la invalidez de un millón de firmas contra el presidente. La crisis de este organismo parece acentuarse a cada paso. Las barricadas incendiadas y los bloqueos han dejado incomunicados varios barrios de la capital venezolana cuyos vecinos reclaman ayuda.

"Los vecinos estamos secuestrados", dijo Gabriela Ramírez, en una dramática intervención telefónica en la televisión estatal. Ella era una entre miles de residentes de urbanizaciones de clase media y alta, cuyos accesos viales han sido cerrados con barricadas y fogatas, en algunos casos por los mismos vecinos y en otros por grupos extraños a las comunidades. La represión de los desórdenes corrió a cargo de la Guardia Nacional, que acusa a las policías municipales bajo las órdenes de alcaldes opositores de haber tolerado e, incluso facilitado, tales acciones.

Los violentos no cuentan con el respaldo formal de la Coordinadora Democrática, pero dirigentes de esta coalición opositora han hecho llamamientos a "mantener la presión en las calles" hasta que el CNE modifique una decisión que obligará a 1,7 millones de electores a acudir a centros de verificación de firmas a ratificar sus rúbricas.

Esta decisión fue tomada por tres de los cinco jueces electorales, a quienes la oposición acusa de parcialidad a favor del Gobierno. Las hojas con las firmas fueron impugnadas porque los datos de sus 10 casillas fueron escritos por una misma persona y no por cada uno de los firmantes, como recomendaba la propaganda divulgada durante el proceso de recolección de rúbricas. Según los tres jueces que tomaron la decisión, esto crea una "duda razonable" acerca de la legitimidad de las firmas, mientras Sobella Mejía y Ezequiel Zamora, los otros dos rectores del CNE (a quienes el chavismo acusa de ser agentes de la oposición), estiman que debe "presumirse la buena fe los firmantes".

La polémica entre los cinco jueces obligó a aplazar el domingo la decisión ya tomada por mayoría de convocar a un periodo de cinco días de alegaciones, para que los electores incluidos en las referidas planillas de caligrafía similar acudan a ratificar su firma. La diatriba interna del CNE alcanzó también a los re-presentantes de la Organización de Estados Americanos (OEA) y del Centro Carter. Francisco Díez y Jennifer McCoy, quienes estaban mediando para lograr un acuerdo entre las dos partes.

La aproximación propiciada por los dos organismos quedó abortada después de unas polémicas declaraciones públicas de la rectora Sobella Mejía, que evidenció su enfrentamiento con los tres jueces que forman la mayoría. "Quien pierda la condición de juez debe renunciar o ser destituido", dijo el presidente del CNE, Francisco Carrasquero, en referencia a Mejía, a quien acusó de provocar el retiro de los mediadores.

La situación obligó a McCoy y Díez a ofrecer una breve rueda de prensa en la que aclararon que continuarán como observadores del proceso, pero desistirán de facilitar un acuerdo. Mientras tanto, la tenacidad de los grupos violentos obliga a la Guardia Nacional a mantener una costosa operación permanente de dispersión. "No estamos dispuestos a tolerar la impunidad de grupos minoritarios que son repudiados incluso por los ciudadanos que no comulgan con nuestro Gobierno", dijo el viceministro de Seguridad Ciudadana, Carlos Bettiol.